Viernes 10 de mayo 2024 | Contáctenos
La presentación del presidente de la región Loreto, Yván Vásquez ante la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Vicente Zeballos (SN), al parecer, no fue convincente en su totalidad y los miembros de ese grupo de trabajo pidieron la sustentación documentaria de los casos por los que fue convocado: supuesta sobrevaloración en la compra de maquinaria pesada y en la realización de obras de alcantarillado; y descuentos a los trabajadores de un 10% de sus haberes.
Una serie de preguntas realizadas por los parlamentarios no fueron respondidas con precisión, por lo que Zeballos pidió a Vásquez Valera que responda por escrito en el más breve plazo posible.
Los congresistas Yonhy Lescano (APFA), Víctor Grandez Saldaña (FP) y Rogelio Canches (GNP) pidieron detalles de la compra de maquinaria pesada y la contratación para la obra de alcantarillado, incrementada hasta en 50 por ciento desde los estudios de factibilidad o expediente técnico.
El funcionario señaló que el aumento de los precios se debió a diferentes aspectos en sus etapas como la ampliación de su influencia y la mejora de la calidad.
Un aspecto que no respondió a las expectativas de los legisladores es la razón por la cual solo un consorcio se presentó a la licitación de la obra y, por ello, ganó el concurso para la concreción de los trabajos.
En el tema de los descuentos a los trabajadores del régimen de CAS aclaró que no es un 10 por ciento, sino un cuatro por ciento de su sueldo, en “forma voluntaria”.
Zeballos comentó que no es legal un descuento a mil 600 trabajadores que se encuentran bajo un régimen laboral vulnerable, lo cual puede conducir a sanciones administrativas y hasta de tipo penal.
DELITOS EN SISOL
De otro lado, el congresista Segundo Tapia (FP) presentó su informe sobre la investigación de supuestas irregularidades y sobrecostos en la firma de convenios de cooperación entre Es salud y Sisol; y las posibles irregularidades y sobrecostos en los convenios de cooperación entre el Sistema Integral de Salud, Ministerio de Salud y el Sistema Metropolitano de Solidaridad (Sisol).
“Hemos encontrado que realmente hay sobrecosto en la atención y medicinas entre 50 y 70 por ciento, por lo cual constituye una estafa contra el ciudadano al que se le dice que es un servicio solidario”, dijo el coordinador del grupo.
Indicó que también existe la presunción de más delitos como abuso de autoridad, dolo y malversación, entre otros.
Tapia Bernal señaló que son responsables las autoridades del Municipio de Lima, de Es Salud, Sisol y que su informe recomienda dejar sin efecto los convenios y trasladar la documentación a la fiscalía.
El informe será votado en sesión de la Comisión de Fiscalización, con el quórum respectivo, y de ser aprobado, elevado al Pleno del Congreso.
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