Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
La comisión parlamentaria que investiga a Rodolfo Orellana Rengifo aumentó a 86 el número de personas naturales que serán investigadas por sus presuntas vinculaciones con el cuestionado empresario denunciado por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos, tráfico de terrenos de propiedad del Estado y apropiación ilícita de inmuebles públicos y privados.
El grupo investigador, que preside el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN), aceptó por unanimidad incluir a cinco nuevas personas a pedido de su colega Víctor García Belaunde (AP-FA), en sesión realizada el martes 12.
Entre ellas figuran Martín Paredes Lostanau, Manuel Jesús Áybar Marca, Ruth Nancy Medina Becerra y los hijos del empresario Jorge Cortez Martínez, Jorge y Paola Cortez Guerrero.
Al mismo tiempo, el presidente de la comisión corrigió un error mecanográfico en la relación de 81 personas que serán citadas en condición de investigados, aprobada el día anterior. En esa lista se había repetido el nombre de Nadal Rueda Manrique, y se había omitido el de Gilbert Félix Violeta López.
Igualmente, por unanimidad, se acordó solicitar a la presidencia del Congreso que disponga iniciar un proceso de investigación a la funcionaria María Augusta Roncalla Ramírez, asesora del Departamento de Comisiones, denunciada por sus vínculos con Orellana Rengifo, y se le suspenda temporalmente en sus funciones hasta que concluyan las investigaciones.
En la misma oportunidad, se acordó continuar sesionando los lunes y martes de cada semana, a partir de las 2 de la tarde, para no interferir con las sesiones de las comisiones ordinarias que reanudarán sus labores a partir del lunes 18.
También se informó que a las sesiones programadas para siguientes tres semanas serán invitados los titulares de otras entidades agraviadas, entre ellas las municipalidades de Miraflores y de La Victoria, el Club Alianza Lima, Asociación de Comerciantes de Gamarra, de la Feria del Hogar y del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN); así como a Teodoro Caycho y Marcos Llanos Aparcana, entre otras personas naturales y jurídicas.
Citarán a agraviados
En la sesión de la fecha, el grupo de trabajo recibió durante más de tres horas el testimonio de los representantes de Cooperativa de Ex Trabajadores Civiles de la Marina de Guerra del Perú (COOPEMAR) y de la Fundación por los niños del Perú.
Se trata de Fernando Espinoza Muñante, presidente del Consejo de Administración, y el asesor legal Augusto Pacheco Callirgos, de COOPEMAR, quienes reiteraron su denuncia por la expropiación de cerca de diez mil metros cuadrados (una hectárea) de su centro de esparcimiento, y la posterior liquidación de la cooperativa, que luego sería utilizada para apropiarse de inmuebles de terceros.
Según los denunciantes, la liquidación estuvo a cargo de la firma Consorcio Gerencial SAC, cuyo representante, Jorge Pérez Chávez, sería el mismo que actuaría en los casos del camal de Yerbateros y del centro de esparcimiento CERVATEL de los trabajadores de Telefónica del Perú.
Ellos refirieron otros casos de apropiaciones ilícitas de la red supuestamente dirigida por Rodolfo Orellana, tanto en el norte del país como en otros distritos de la capital, en perjuicio de diversas familias y entidades privadas.
El abogado de COOPEMAR y el apoderado de esta, Pedro Lagos Zavala, propusieron a la comisión parlamentaria investigar el destino de los dineros obtenidos por la organización delictiva, tras la venta de los terrenos de CERVATEL y de las propiedades de la cooperativa. En el primer caso el monto ascendería a 11.6 millones de dólares, y en el segundo a 2.6 millones. Según dijeron, hasta el momento no se ha revelado dónde se encuentran o qué se ha hecho con esos US$ 24 millones 200 mil.
A su turno, Fabiola Pasapera Trujillo, gerente general y presidente de la comisión liquidadora de la Fundación por los Niños del Perú, reiteró la denuncia contra el empresario Orellana Rengifo y sus testaferros, que se apropiaron de un inmueble de la entidad ubicado en la urbanización Los Cóndores de Chaclacayo, y de dos inmuebles en el distrito de Santiago de Surco, con la complicidad de jueces y fiscales presuntamente coludidos con la organización delictiva, y el respaldo de la revista ‘Juez Justo’, que denigraba a los abogados que denunciaban sus maniobras.
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