El gerente municipal de Lima, José Miguel Castro, negó que existan irregularidades administrativas y legales en la Caja Metropolitana y otros órganos municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tal como sostiene la Contraloría General de la República. “Ni en el caso de la Caja ni en los ocho casos señalados por esa entidad de control hay algún tipo de delito”, puntualizó.
Ello, debido a que la Contraloría General de la República informó que la Caja Metropolitana de Lima evaluó y contrató irregularmente a la empresa Acres Sociedad Tituladora, cuando existían otras propuestas válidas de distintas instituciones financieras.
Al respecto, el funcionario edil explicó que en caso de la empresa Acres Sociedad Tituladora, la Gerencia General de la Caja Metropolitana convocó a cinco empresas titulizadoras, entre ellas Scotiabank Titulizadora, Intertítulos Acres, BCP, BBVA, todas ellas reconocidas como las principales tituladoras del mercado.
“Lo que sucedió es que el BCP y el BBVA no contestaron a la convocatoria. Entre las otras tres empresas, Intertítulos era la más cara. Acres, la segunda más cara; mientras que Scotiabanck, en su cotización no incluyó el tema de la comercialización de los bonos. Ellos asumieron que estos bonos ya estaban previamente colocados con COFIDE, hecho que no era así”, refutó.
Castro consideró que en este caso no existe fraude ni colusión para delinquir, pues se trata de un tema gerencial estrictamente de contratación. “Se ha hecho daño a mucha gente que no tiene nada que ver con este tema. El Directorio es un ente colegiado que no contrata nada en una institución pública”, aseveró el funcionario municipal al enfatizar que el informe de la Contraloría no lo menciona a él ni a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Caso Promotora Chulucanas
En este caso, la Contraloría señala que se aprobó y entregó un préstamo de un millón 100 mil dólares para la construcción de viviendas a la promotora Chulucanas, las cuales no se ejecutaron. Ante ello, el funcionario municipal precisó que el crédito aprobado con un interés del 13% fue para la fase preoperativa del proyecto.
“Así se indica en los documentos antes de la aprobación del crédito. No se prestaba para que se construya las casas sino para el saneamiento del terreno, los procesos de comercialización de la casas, colocación de letreros y otras necesidades”, aseveró Castro, tras indicar que fue tendenciosa la visita realizada por un auditor a Chulucanas para constatar que no se realizó construcción alguna.
El funcionario edil señaló que los asuntos relacionados a la Caja Metropolitana fueron notificados por la Contraloría a la Municipalidad de Lima en la tarde del miércoles 20 de agosto, estableciendo un plazo de tres días útiles para presentar los descargos formales, hecho que no se cumplió.
“Este informe tiene el carácter estrictamente confidencial y no se puede difundir la información contenida en este documento si no es autorizada, en virtud a lo establecido en el inciso n), artículo 9º, de la Ley 27785. Y lo que hace la Contraloría, es brindar al día siguiente una conferencia de prensa violando su propia confidencialidad. Este es un hecho que viola el debido proceso”, puntualizó.
Asimismo, José Miguel Castro reveló que en dos años y medio, desde que asumió la Gerencia Municipal de Lima, la Contraloría ha ejecutado 180 acciones de control, entre informes de control, informes especiales, veeduría y acciones de control preventivo. “Se han realizado 63 acciones de control en el 2012, 39 en el 2013 y 34 en lo que del 2014, en comparación de los años 2009 y 2010, donde se fiscalizó en 30 y 35 casos, respectivamente”, acotó.
Otras supuestas irregularidades
El funcionario edil negó y rechazó que existan irregularidades en otras dependencias municipales como lo informó la Contraloría. Tal es el caso de Vías Nuevas de Lima, EMMSA, Seguridad Ciudadana, Emape, SAT y Servicios Generales.
En el caso de Vías Nuevas de Lima, que involucra 720 millones de dólares en inversión privada para los próximos 30 años, informó que los trámites para su ejecución siguieron los conductos regulares.
También se refirió a Emmsa y la construcción de los pabellones en el Mercado Mayorista de Lima. Dijo que se tuvo que recurrir a Indecopi para lograr levantar las barreras burocráticas impuestas por la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
En el caso de Relima, adujo que al haber un contingencia sobre la limpieza del mercado, se llevó el tema a un arbitraje. “No se le ha pagado a Relima. Hay una denuncia por colusión ilegal. Se dice que los funcionarios de Emmsa entraron en colusión con Relima para favorecerlo. No hay indicio sobre eso y no hay perjuicio al Estado. Además, continúa una investigación sobre este caso en la Fiscalía”, aseveró el gerente municipal.
Sobre las presuntas irregularidades en la emisión de fotopapeletas por el Servicio de Administración Tributaria – SAT, José Miguel Castro aclaró que pese a existir las infracciones, éstas fueron anuladas debido a que estuvieron mal impuestas. Esta acción tuvo por finalidad beneficiar al ciudadano.
En cuanto al caso de las cámaras de video vigilancia, la construcción de un cerco perimétrico por Emape y la contratación por servicios no prestados en la comuna metropolitana de Lima, el gerente municipal dijo que la Controlaría aún no ha remitido formalmente los documentos para proceder con los descargos.