Viernes 19 de abril 2024 | Contáctenos
Como inconsistentes y hasta contradictorias consideraron los legisladores miembros de la llamada Comisión Orellana del Congreso a las respuestas brindadas por el investigado alcalde distrital de Lurín, Juan Jorge Marticorena Cuba, razón por la cual se acordó levantarle el secreto bancario a efectos de conocer más detalles en cuanto a su gestión edilicia de ocho años en esa jurisdicción distrital.
Marticorena acudió a la sesión dirigida por el congresista Vicente Zeballos Salinas (SN), precisamente en calidad de investigado, para que informase en su condición de burgomaestre distrital por qué no habría cumplido con la observancia de los deberes del cargo que ostenta. Como en otras sesiones las principales preguntas estuvieron a cargo del legislador Víctor García Belaunde (AP-FA), seguido en esta oportunidad por Héctor Becerril Rodríguez (FP), Wuilian Monterola Abregú (UR) y Teófilo Gamarra Saldívar (NGP), aparte del presidente Zeballos.
En la sesión se dejó establecido que el principal investigado, Rodolfo Orellana Rengifo, se benefició, con presuntas artimañas, de una indebida adquisición de un terreno de 15 mil metros cuadrados en la jurisdicción. Inclusive había “pagado” durante varios años una declaración de autoavalúo fraguada nada menos que de 220 mil soles. Lo más curioso es que las autoridades municipales, con su alcalde Marticorena a la cabeza, en ningún momento se percataron de los hechos no obstante que se trataba de un caso emblemático y que era materia de investigación de parte del Ministerio Público y del propio Congreso de la República. Así se lo puntualizaron los legisladores García y Becerril.
Conforme a las preguntas de los legisladores y a las respuestas del alcalde Marticorena, quien estuvo acompañado de su abogado Jorge Meléndez Sáenz, se determinó que Orellana se benefició con la adquisición de los predios después de disputas de tierras entre los llamados contribuyentes Manuel Asunción Villacrez Arévalo y Jorge Pazos Hólder. Lo cierto es que, fruto de ese conflicto, se descubrió posteriormente que el gran beneficiado resultó ser el empresario Rodolfo Orellana, envuelto como principal involucrado en un proceso de transferencia de terrenos de propiedad del Estado para determinar, entre otros, la irregularidad del proceso de transferencia del hospital Hermilio Valdizán y de inmuebles de la Fundación Por los Niños del Perú.
En su declaración, el alcalde Marticorena señaló que es un profesional perteneciente al sector privado y que ejerce la alcaldía desde hace ocho años. Dijo que él no podía conocer en detalle todas las medidas y gestiones administrativas en la comuna, porque las funciones estaban delegadas en unos 95 funcionarios, muchos de ellos de confianza que tenían tareas específicas. Previno que la disputa de tierras entre Villacrez y Pazos Hólder las conoció en su oportunidad y que el caso fue derivado a la secretaría general, que en cierta oportunidad ejercía el ahora congresista Pedro Spadaro Phillips (FP).
En determinado momento, el alcalde dijo que es de militancia aprista. Sin embargo, dijo desconocer si la exlegisladora Mercedes Cabanillas Bustamante fue en alguna oportunidad a Lurín, acompañada de Rodolfo Orellana Rengifo. Afirmó que desconocía también la militancia aprista del excandidato a la alcaldía de Lima, Benedicto Jiménez, y del propio Orellana Rengifo. “Recién me entero de eso” (la militancia aprista de aquéllos), indicó.
Posteriormente, la comisión investigadora recibió, en sesión reservada, a Adriana Jesús Delgado Angulo, en calidad de investigada,para que informe sobre su participación en un programa radial asesorando temas de saneamiento inmobiliario, su designación como apoderada de Hernán Villacrez Torres, para transferir un terreno en Chimbote. (JTR).
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