Proponen suspensión por 60 días de congresista José León

La Comisión de Ética Parlamentaria, que preside el congresista Humberto Lay (UR), acordó por mayoría proponer la suspensión por 60 días al congresista José León (PP), por falta a los principios éticos de transparencia y veracidad en el caso del alquiler de un inmueble de propiedad de su esposa en el distrito de Huanchaco (Trujillo-La Libertad) al mexicano, acusado de narcotraficante, Rodrigo Torres.

El presidente Lay y su colega Mauricio Mulder (CP) aclararon que la comisión no ha investigado la supuesta relación de León con el narcotraficante, sino solo sus declaraciones contradictorias dadas a los medios en el curso de los hechos y que faltarían a los principios éticos de transparencia y veracidad. Por ello respaldaron el informe final de la Secretaría Técnica que proponía una suspensión por 120 días.

Sin embargo, los legisladores Martín Belaunde (SN) y Daniel Mora (PP) sostuvieron que al no haberse encontrado relación alguna con el citado narcotraficantes, no se podía aplicar la máxima sanción (120 días de suspensión) por el solo hecho de sus declaraciones supuestamente contradictorias.

Ante lo cual el congresista Belaunde propuso una suspensión de 60 días, la misma que fue aprobada con los votos de sus colegas Mora y Rogelio Canches (NGP). Por esta sanción los parlamentarios Mulder y Lay votaron en contra.

En esta oportunidad nuevamente el congresista León reiteró sus descargos en la comisión de total inocencia en los hechos y pidió que se le aplicara el mismo tratamiento dado a la legisladora Luciana León (CP),por supuestas declaraciones contradictorias, archivando el caso.

De otro lado, en la sesión también se declaró improcedente del inicio de investigación sobre las denuncias contra los congresistas Rennán Espinoza (PP) y Daniel Mora (PP). Al primero se le acusa de faltar al Código de Ética por la presentación de un proyecto de ley, respecto na lo cual se dijo que esa es función congresal, mientras que en el caso del terreno del congresista Mora en Pucusana, se indicó que le fue otorgado por resolución de alcaldía y que se ha verificado que no es de propiedad del Estado por lo cual el tema deberá resolverse por vía administrativa.

Sobre la denuncia contra el legislador Joaquín Ramírez (FP), quedó pendiente de votación, ante el pedido de los congresistas Mulder y Belaunde, para que se solicite información al Ministerio de Justicia sobre la investigación que realiza la Procuraduría respectiva por supuesto lavado de activos.

Previamente, el congresista Víctor Crisólogo (PP) acudió a la comisión a formular sus descargos sobre la acusación que lo vincula al caso de “La Centralita”, anotando que no ha formulado declaración alguna que lo vincule al caso y además dijo que los hechos ocurrieron antes de que asumiera el cargo de parlamentario, por lo que pidió archivar la denuncia, pero agregó que “si me sancionan por decir la verdad, lo aceptaré”.

El congresista Lay respondió que la comisión tiene competencia de acuerdo al Artículo 93º de la Constitución, que señala que el representante tiene derechos y, por lo tanto, deberes desde el momero que es elegido. (sn)