Comisión "Caso Orellana" pedirá ampliación de plazo de investigación y sesionará en Arequipa

Su presidente, el congresista Vicente Zeballos (SN) informó que la prórroga podría ser de 120 días hábiles.  El parlamentario dijo que hasta el momento el número de investigados supera las cien personas y que el plazo ampliatorio no podría pasar del 30 de julio.

Zeballos, momentos antes de iniciar la sesión del miércoles 25, informó que el expresidente Alejandro Toledo podría ser citado a la comisión porque dos de los testimonios recogidos señalan que “lo habían visto en dos oportunidades” en las oficinas de Orellana, pero, aclaró, esas declaraciones no son suficientes por lo que tendrá que investigarse la veracidad de esa información. 

En la 48ª sesión de la comisión, sus integrantes estuvieron de acuerdo con pedir la ampliación del trabajo encomendado, pero hasta un máximo de 180 días. Igualmente coincidieron en que se realice una sesión descentralizada en Arequipa para tratar el “Caso Oncoserv”, empresa presuntamente ligada a la red de corrupción de Rodolfo Orellana y que perjudicó al gobierno regional de Arequipa por más de siete millones de soles.

 Vicente Zeballos adelantó que serían citados los expresidentes regionales Manuel Vera Ballón y Juan Manuel Guillén, y otros ex funcionarios. Este caso está siendo investigado por la Segunda Fiscalía especializada en lavado de activos.

Uno de los implicados es el expresidente del club Alianza Lima, Guillermo Alarcón, que también será interrogado por la comisión.  A la sesión de hoy fueron citados Luis Alva Gamarra, ex gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lurín; Hugo Díaz Lozano, ex directivo de APROBAN (Asociación Pro deudores de bancos y créditos usuarios del Perú) y directivo de la revista “Vox Populi”, y Rómulo Muñoz Arce.

 El segundo de ellos acudió sin abogado porque se encuentra inhabilitado por el Colegio de Abogados de Lima. Para salvaguardar el debido proceso, dijo el presidente de la comisión, le informó que podría postergar su comparecencia acompañado de un abogado en ejercicio. Por su parte, Muñoz Arce (abogado del estudio Orellana Rengifo) pidió, mediante oficio, ser citado para una nueva fecha. 

Alva Gamarra fue cuestionado, principalmente, por haber aprobado con “sospechosa celeridad” la aprobación de varias constancias de posesión de terrenos entre el 2007 y el 2009, uno de ellos de 223 hectáreas, a favor de Manuel Villacrez Arévalo, sindicado como uno de los testaferros de Orellana Rengifo. 

En su defensa, el investigado dijo que él atendía todos los expedientes administrativos que le eran alcanzados y que los resolvía en un solo día. Afirmó que no “hacía discriminaciones” sobre los expedientes que le llegaban y que ya tenían el visto bueno de la subgerencia de catastro de la municipalidad. 

Informó que se hicieron las verificaciones de cada expediente y se aprobaban las constancias de posesión, previo visto bueno de otras gerencias. Sin embargo, se advirtió que en el 2007 un expediente y solicitud de aprobación fueron apócrifos. Este caso pasó a investigación y a la fecha se encuentra en el Poder Judicial. 

Otro trámite observado por la comisión fue la rápida aprobación de una constancia de nulidad sobre terrenos eriazos en Lurín de 166 has, con “potencial urbano”, según el funcionario, y resuelto en solo tres días.

Los congresistas Zeballos, Teófilo Gamarra y Víctor García Belaunde expresaron su extrañeza porque un expediente presentado por Villacrez Arévalo, posterior a otro en el cual se falsificó la firma del ex funcionario de la municipalidad - y se le responsabilizó a éste-, fue aprobado con la misma inusual celeridad.  Alva Gamarra expresó que no conocía ni recibió en su oficina a Orellana Rengifo ni a gente de su entorno.(om)