Pleno aprueba informes sobre BTR y Colegios Emblemáticos

El pleno del Congreso, que preside Ana María Solórzano Flores, aprobó este jueves 12, dos informes finales de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del expresidente Alan García Pérez.

El pleno del Congreso, que preside Ana María Solórzano Flores, aprobó este jueves 12, dos informes finales de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del expresidente Alan García Pérez, sobre la interferencia política en el caso Business Track (BTR) y el Programa Nacional de Recuperación de Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias (PNRIEPEC).

El primer informe, referido al caso BTR, fue aprobado por 57 votos a favor, ocho en contra y 17 abstenciones. Los parlamentarias Cecilia Chacón (FP) y Marisol Pérez Tella (PPC-APP) cambiaron su voto por abstención.

En la sustentación, el presidente de la comisión multipartidaria, el congresista Sergio Tejada Galindo (NA), señaló que existen indicios razonables de la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir de García Pérez, el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, y los exministros Hernán Garrido Lecca y Miguel Hidalgo Medina.

Dijo que la comisión también ha encontrado ilicitudes en el actuar del exfiscal Walter Milla López a quien señalan como presunto autor en los delitos de encubrimiento personal y de omitir la acción penal en contra de Ismael Matta Uribe, uno de los integrantes de BTR.

Por ello, entre las recomendaciones se acordó denunciar a los investigados ante las instancias pertinentes, individualizando a los presuntos responsables de los delitos e infracciones identificadas en cada una de las conclusiones del presente informe.

También, se determina remitir este documento al Ministerio Público para que procedan a investigar las presuntas irregularidades en la contratación, por parte del Ejecutivo, de Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza, quienes no tendrían el perfil requerido para realizar contratos en los consulados de Perú en los Estados Unidos.

Asimismo, enviar el informe a la Fiscalía de la Nación y la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que, de acuerdo a sus atribuciones, procedan a investigar los vínculos entre el exministro de Vivienda y de Salud, Hernán Garrido Lecca, y la empresa SAVIA PERÚ, la cual compró a la petrolera PETROTECH, así como las empresas mexicanas referidas en el informe.

Otra de las recomendaciones exhorta al Ministerio Público a que se pronuncie sobre la situación jurídica de Matta Uribe, quien fue excluido del proceso penal por la interceptación telefónica de la empresa Business Track SAC.

En un amplio debate, el parlamentario Mauricio Mulder (CP) se mostró en contra de ambos informe y recordó que los casos de BRT y colegios emblemáticos ya han sido archivados en dos instancias del Ministerio Público. Indicó además que hay cinco resoluciones del Poder Judicial que declaran nula la investigación de la Megacomisión.

En tanto, el legislador Daniel Abugattás Majluf (NGP) saludó a Tejada por el informe y dijo que no está en discusión las responsabilidades de los exfuncionarios del régimen aprista. “No estamos para decidir o discutir las responsabilidades de un expresidente o ministros, sino para avalar el informe presentado por la comisión”, señaló.

El nacionalista señaló que el informe está bien sustentado al encontrar indicios razonables, nombramientos irregulares, ingreso de dinero irregular, manipulación de la Cancillería para asignar a colaboradores eficaces como trabajadores en el Consulado de Perú en los Estados Unidos.

Por su parte, Javier Velásquez Quesquén (CP) refirió que el informe BTR carece de sustento y fundamento. “Lo que ha leído el presidente de la comisión son exactamente lo que en su momento declararon Elías Ponce Feijoo y Giselle Giannotti, condenados por el caso de espionaje de la empresa Business Track”, expresó.

El parlamentario Héctor Becerril (FP), pidió no desprestigiar el informe de la comisión porque se estaría desprestigiando al Parlamento Nacional. “Creo que el accionar de nuestra bancada es coherente, por lo cual votará a favor del informe. No importa que el Ministerio Público y Poder Judicial se haya pronunciado. El informe debe ser aprobado para siga su trámite correspondiente”, indicó.

A su turno, el legislador Heriberto Benítez (GPE), saludó el informe y recomendó a la comisión tomar en cuenta que por el delito de asociación ilícita, los investigados tienen que tener un rol sobre los papeles y el rol que han desempañado en sus funciones.

COLEGIOS EMBLEMÁTICOS

El segundo informe, que fue aprobado por 45 votos a favor, 11 en contra y 22 abstenciones, está referido al Programa Nacional de Recuperación de Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas y Centenarias (PNRIEPEC), en el que se concluye que la emisión del Decreto de Urgencia 004-2009 permitió la ejecución de 77 obras a nivel nacional a través de exoneraciones vinculadas a diversas etapas de la remodelación de 52 colegios emblemáticos por un monto de 1,251 millones 203 mil 350 nuevos soles, procesos en los que se ha detectado una serie de presuntas irregularidades.

El documento, entre sus conclusiones, señala que dicho Decreto de Urgencia permitió la evasión de controles y el incremento considerable de los montos involucrados en la reconstrucción y rehabilitación de las instituciones educativas priorizadas, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y otras normas orientadas a garantizar el adecuado uso de los recursos públicos del Estado.

También recomienda denunciar constitucionalmente al expresidente Alan García y al exministro de Educación, José Chang Escobedo, por presunta infracción constitucional.

Sobre este caso el legislador Benítez sugirió que para sancionar a una persona por infracción a la Constitución Política existe un periodo de tiempo legal. “El congresista Yehude Simón, expresidente del Consejo de Ministros, no podría ser sancionado porque ya no está en los plazos establecidos de cinco años”, aclaró.

En otro momento, el congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP-FA), aclaró que un Decreto de Urgencia es para enfrentar casos de emergencia y no para exonerar concurso o establecer selección de empresas. “El Gobierno apristas gastó más de 1,246 millones de soles. No podemos tapar el sol con un dedo, el dinero que se ha gastado a través de empresas no calificadas ¿dónde está?”, se preguntó.

Juan Pari (DD) se refirió al caso de los Colegios Emblemático, en el que dijo, habría una exageración ascendente en los presupuestos para el mejoramiento de los colegios. “La forma de cómo se manejan los Decretos de Urgencia, no es para conseguir beneficios personales”, expresó.

Por su parte, el legislador Yehude Simon (PP) dijo tener más de 30 años en la política, y pidió que no manchen su honra por firmar un Decreto de Urgencia. “No temo que me denuncien por firmar un Decreto, no tengo miedo a que sea denunciado constitucionalmente”, enfatizó.

La congresista Marisol Pérez Tello (PPC-APP) propuso al presidente de la comisión incluya en una de las conclusiones, responsabilidad política de los 130 parlamentarios de ésta y la anterior Legislatura, por no denunciar en su momento.

En otras intervenciones, se mostraron a favor de ambos informes los parlamentarios Mesías Guevara (AP-FA), Rubén Condori (NGP), Teófilo Gamarra (NGP) y los congresistas de la Bancada Dignidad y Democracia Jorge Rimarachín y Roberto Angulo.

Previamente, el Pleno rechazó la cuestión previa formulada por la legisladora Lourdes Alcorta (CP), para votar por separados ambas conclusiones. Luego de lo cual la presidenta del Congreso, levantó la sesión a las 22.10 horas. (Jarvi)