Jueves 18 de abril 2024 | Contáctenos
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista José Luna Gálvez (SN), declaró procedente la denuncia contra el congresista Alejandro Yovera Flores por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y concusión.
La decisión fue aprobada, por unanimidad, por los congresistas Javier Velásquez Quesquén (CP), Juan José Díaz Dios (FP), María Soledad Pérez Tello (PPC -APP), Karla Schaefer Cuculiza (FP), Tomás Zamudio Briceño (NGP), Víctor Isla Rojas (NGP), Rolando Reátegui (FP), Mariano Portugal Catacora (UR) y el titular de la subcomisión.
La denuncia, que fue presentado por el congresista Héctor Becerril, plantea como falta una presunta infracción constitucional de los artículos 2 inciso 15ª y los artículos 23 y 24 de la Constitución Política del Perú respectivamente, así como por la supuesta infracción de los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y concusión tipificado en los artículos 376 y 382 del Código Penal respectivamente.
El presidente de la subcomisión indicó que en el informe se determinó que el legislador Yovera habría condicionado a la contratación permanente y cargo de algunos de sus trabajadores a la tramitación de un crédito financiero y posterior entrega del dinero a su persona, dando la responsabilidad del pago al referido servidor.
También señaló que en lo que se refiere al delito de abuso de autoridad, el denunciado emitió una disposición clara de exceso en sus funciones lo que lo convierte en arbitrario. Respecto al delito de concusión se determinó que Yovera Flores obligó, mediante amenazas, a sus trabajadores para que les otorgue una ventaja económica que resulta indebida.
Se acordó solicitar a la Comisión Permanente inicie la evaluación correspondiente del informe y exprese su conformidad con el mismo, a fin de que, tras el otorgamiento de un plazo determinado, se inicien las investigaciones definitivas sobre el caso para la emisión de un informe final en el que se determinará si la denuncia tiene fundamento o no para realizar la acusación constitucional respectiva.
Se informó que tras remitirse a la Permanente la referida acusación, ésta deberá aprobarse en la misma y remitirse al Pleno, que la ratifica o la rechaza. Si el parlamentario ha cometido una infracción constitucional se procede al desafuero pero si se trata de la comisión de un delito se procede a la suspensión.
En otro momento, la Subcomisión declaró improcedentes otros nueve informes de calificación contra congresistas, miembros del TC, el ex presidente Alan García, ex ministros y magistrados. (CM)
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