Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
Con 54 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el jueves 14 suspender 120 días al congresista Víctor Grández Saldaña (GPE), por haber infringido los principios de responsabilidad, integridad y justicia del Código de Ética Parlamentaria al haber permitido la explotación sexual a menores de edad en las instalaciones del hostal Toro Bravo, de propiedad de su madre y no cumplir con su función fiscalizadora.
La decisión de la asamblea se produjo después de un amplio e intenso debate de casi tres horas a partir de las 19:30 horas en que se inició la sesión vespertina.
El vicepresidente de la Comisión de Ética, Daniel Mora Zevallos (PP), se encargó de exponer los argumentos del Informe N° 10 que concluyó en declarar fundada la denuncia contra Grández Saldaña, a quien responsabilizó de infringir el Código de Ética Parlamentaria.
Durante la sustentación indicó que el parlamentario, a pesar de existir graves antecedentes de que proxenetas estaban explotando sexualmente a menores de edad utilizando las instalaciones del hostal de su madre, no cumplió con su responsabilidad fiscalizadora.
Se señala en el documento que hubo casos de personas mayores de edad que ingresaron con menores a fin de tener relaciones sexuales y que el legislador, a pesar de su estrecha vinculación con los bienes y negocios, que en los registros públicos figuran a nombre de su madre de 82 años de edad, no hizo nada.
Asimismo, se le acusa de no haber hecho gestión alguna para evitar que se continúe con la práctica de no exigir la presentación del DNI, hecho que se repitió hasta el 2014.
Mora Zevallos sostuvo que después de revisar los hechos se llegó a la conclusión de que Grández Saldaña es el verdadero dueño del desprestigiado hostal y no era ajeno a los negocios de la madre.
Por su lado, el congresista cuestionado dijo, en el momento de sus descargos, que la acusación en su contra se basa en lo afirmado en un programa de televisión, pero que no se tomó en cuenta lo investigado por otro programa televisivo que mostró intereses partidarios y particulares para denigrarlo.
En su amplia sustentación en su defensa, el parlamentario loretano señaló que las acusaciones en su contra por la Comisión de Ética Parlamentaria se basa en falsas pruebas presentadas por el programa periodístico “que pagó a seudos testigos e hizo montajes para acusarlo”.
Grández sostuvo que no es dueño del referido hostal, que no conocía de por qué se permitía el ingreso de menores y no se pedía identificación.
Acusó al expresidente del gobierno regional de Loreto, Iván Vásquez, de estar detrás del objetivo de su acusación y sanción.
El expresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Humberto Lay (UR), dijo que el caso es complicado y desagradable, pero que era necesario afrontarlo. Asimismo, descartó que la investigación se haya basado en las pruebas presentadas por un programa de televisión, sino en la información proporcionada por la Fiscalía y el Poder Judicial.
EL DEBATE
El congresista Mauricio Mulder (CP) llamó la atención por la actuación de periodistas que habrían elaborado “un reportaje bamba” destinado a denigrar a un parlamentario, sin que eso signifique que Grández Saldaña no tenga responsabilidad. Sin embargo, consideró la necesidad de hacer graduaciones en las sanciones y planteó una sanción de 60 días.
Los legisladores Martha Chávez (FP) y Carlos Bruce (CP), quienes calificaron el tema de sensible, expresaron su preocupación por lo que tenga que hacer un parlamentario sancionado si el negocio en cuestión no es regentado por él, situación que puede pasarle a cualquiera.
Velásquez Quesquén (CP) sostuvo que en un caso que tiene sanción las responsabilidades son personalísimas y que en éste se acusa al parlamentario por responsabilidades de terceros.
Martín Belaunde (SN) sostuvo que hubo negligencia porque no se hizo todo lo necesario para evitar la explotación sexual de menores, función que le correspondía como legislador en defensa de la niñez.
Las congresistas Lourdes Alcorta (CP), Marisol Pérez Tello (PPC-APP) y Natalie Condori (DD) fueron enfáticas al señalar que si bien no se trata de una materia penal, si lo es de ética y que no se puede avalar un caso de esa naturaleza.
Pérez Tello hizo hincapié en el hecho de que el delito de trata de persona está creciendo ante la vista de todos y desde hace tiempo, situación que no podía desconocer Grández Saldaña.
El congresista Javier Bedoya de Viivanco (PPC-APP) consideró que tanto el informe como el debate parlamentario presentaban incongruencias y que frente a la duda de la existencia de responsabilidad directa, sino de terceros, y a la ausencia de pruebas, no debía haber sanción, pese a la presión mediática.
Al término del debate, Mora Zevallos rechazó la posibilidad de aplicar una sanción de 60 días y se ratificó en la que recomendaba la comisión, es decir de 120 días, hecho que fue definido por la votación. (MED)
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