Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
En su primera sesión ordinaria de la presente legislatura, la Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó convocar al titular del Ministerio Público (Fiscal de la Nación), para que dé a conocer el estado de las investigaciones respecto al ‘reglaje’ de que fueron objeto un centenar de políticos, entre ellos algunos parlamentarios; empresarios y periodistas, entre otros, por parte de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
El flamante presidente de ese grupo de trabajo legislativo, Gustavo Rondón Fudinaga (SN), anunció también que será invitada a una sesión especial (reservada) la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, para que informe sobre las supuestas ‘agendas’ de Nadine Heredia, esposa del Presidente de la República, que habría recibido hace algunos días.
En su sesión del miércoles 19, la Comisión acordó solicitar al Pleno la ampliación, por 90 días hábiles, del plazo inicial que se le otorgó para investigar las presuntas irregularidades en el accionar de Manuel Burga Seoane como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de funcionarios públicos, por el supuesto ilícito de lavado de activos, así como sus presuntos vínculos económicos con otras personas naturales y jurídicas.
El pedido fue presentado debido a que la documentación obtenida hasta la fecha resulta insuficiente y en algunos casos no ha sido atendida por las instituciones requeridas. Además, la Comisión considera indispensable recoger el testimonio de otras personas involucradas.
Según el informe preliminar elaborado para sustentar el pedido de ampliación del plazo, falta analizar el informe del levantamiento del secreto tributario entregado por la SUNAT el último día del plazo de investigación; y la entrega por parte del Banco Central de Reserva del secreto bancario de las 31 personas investigadas.
Gestores de intereses
De otro lado, la Comisión pospuso por una semana la votación del predictamen del proyecto de la Ley de gestión pública de intereses en la administración pública, que, entre otras, propone sustituir los términos inglés ‘lobbing’ o ‘cabildeo’ por el de gestores de intereses (propios y de terceros o gestor profesional), y establecer los requisitos que se requieren para ello.
La propuesta legislativa obedece que a la fecha la Ley 28024 y su reglamento, que regula la gestión de intereses en la administración pública no ha cumplido con los fines para los que fueron aprobados, al punto que solo existen 20 personas inscritas en el registro público de la SUNARP y no han registrado los informes semestrales que exige la ley, ni se ha designado a los miembros del tribunal administrativo.
El pedido de posponer la aprobación del documento por una semana fue presentado por el congresista Héctor Becerril (FP), quien respaldó la sugerencia de su colega Mariano Portugal (UR) de analizar la propuesta con mayor detenimiento.
También fue enviado al archivo el proyecto de ley que proponía regular la declaración jurada del ingreso, bienes y servicios de los funcionarios y servidores públicos, por cuanto ya se encuentra establecida en la Ley 30161.
Plan de trabajo
En la sesión que se inició a las 10 horas de la mañana y se levantó a las 11 y 20, el grupo legislativo aprobó por unanimidad su Reglamento Interno y su Plan de Trabajo para la presenta legislatura.
El Reglamento Interno consta de 43 artículos y una disposición final, y establece las funciones y atribuciones de la Comisión misma, así como de su titular, del vicepresidente, del secretario y de los grupos de trabajo; las clases de sesiones (ordinarias y extraordinarias; y públicas, secretas y reservadas); el tiempo de espera para la verificación del cuórum (20 minutos, que podrían ser ampliados a pedido de los miembros presentes), entre otras disposiciones.
Las sesiones de la comisión serán los días miércoles, a partir de las 9 y 30 horas, y realizará reuniones extraordinarias y descentralizadas en fechas a programar.
Por su parte, el Plan de Trabajo establece como ‘visión’ consolidar a este grupo legislativo como la comisión ordinaria que promueva políticas de prevención y lucha contra la corrupción. Ambas propuestas fueron aprobadas sin debate.
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