Mininter saluda orden de prisión preventiva para oficiales implicados en actos de corrupción

La inspectora general del sector Interior, Susana Silva Hasembank, saludó la decisión del Poder Judicial que confirma prisión preventiva de nueve meses para oficiales de la Policía Nacional que habrían tenido participación en actos de corrupción cuando integraban la Junta de Administración Regional de SALUDPOL Huánuco  entre los años 2011 y 2015.

Esta medida preventiva, que ha sido ratificada por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Huánuco,  fue adoptada primero por la jueza Anabely Meza Pérez, en mérito a una denuncia formulada por el Ministerio Público y la Procuraduría de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior y a las investigaciones realizadas por la Inspectoría del Sector Interior y la Inspectoría de la Policía Nacional.

Según estas investigaciones, entre los años 2011 y 2015 la Junta de Administración Regional SALUDPOL Huánuco celebró contratos con las empresas VIDALAB y MULTISALUD, ascendentes a S/. 701,192.00, para la prestación de servicios clínicos en beneficio del personal policial, a pesar de que ambas estaban vinculadas a uno de los directivos de dicha institución.

Dicha Junta de Administración estuvo integrada, entre otros miembros, por el coronel de servicios PNP Nimio Sairitupac Sotelo (presidente) y la comandante de servicios PNP María Lourdes Crisanto Quispe (vocal), que ya vienen siendo buscados por la Policía. Justamente los datos telefónicos y dirección del esposo de esta última, capitán PNP (r) Héctor Rubén Rodríguez Arroyo, aparecen en los documentos de las dos empresas contratadas.

Se ha encontrado cheques emitidos por SALUDPOL Huánuco a nombre de la comandante Crisanto Quispe, para el pago de servicios de salud prestados por ambas empresas; de igual forma, cheques emitidos a nombre de representantes de las dos empresas pero cobrados por Crisanto Quispe pese a que no eran negociables.

Con estas evidencias el procurador de asuntos jurídicos del Ministerio del Interior formuló la respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público contra ambos oficiales y otros implicados, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, peculado y negociación incompatible en agravio del Estado.

Otros presuntos implicados son el capitán PNP (r) Héctor Rubén Rodríguez Arroyo, esposo de la comandante Crisanto Quispe; el mayor PNP William Paredes Beraun, tesorero de la Junta de Administración Regional SALUDPOL Huánuco, el suboficial brigadier PNP César Chávez Pinzas, secretario de dicha junta, y los administradores de VIDALAB y MULTISALUD.