Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó recomendar al Pleno del Congreso la suspensión de tres legisladores. Se trata de los congresistas Elías Rodríguez Zavaleta (APRA), por 30 días; Clayton Galván Vento (FP), por 90 días; y Yesenia Ponce Villarreal(FP), por 120 días, en su sesión de ayer lunes 27.
El congresista, Elías Rodríguez Zavaleta fue denunciado por presunto plagio en párrafos de 6 iniciativas legislativas de su autoría. El informe de la asesoría técnica de la comisión asegura que sÍ hubo plagio en los proyectos cuestionados rubricados por el legislador, pero que fueron elaborados por sus asesores.
Por lo tanto dicho informe resolvió declarar fundada la denuncia y recomienda una sanción de suspensión de 90 días de legislatura. Además, que se remita la Fiscalía de la Nación para que proceda con la investigación
Durante el debate, el congresista Mauricio Mulder (APRA) planteó una cuestión previa para que solo se de una amonestación pública al congresista Elías Rodríguez porque consideró que no hubo intencionalidad de cometer la falta, pero sí negligencia al refrendar los documentos.
Por su parte, la congresista Milagros Takayama Jiménez (FP) planteó reducir la sanción a 30 días, considerando que se trató de un error que el propio parlamentario reconoció en su oportunidad por exceso de confianza en su personal.
Concluido el debate, por mayoría, se aprobó recomendar al Pleno la suspensión de 30 días sin goce de haber al congresista Elías Rodríguez.
En el caso del congresista Clayton Galván Vento, el informe aprobado por mayoría propone su suspensión y descuento de haberes por 90 días. Él fue denunciado por no haber cumplido una sentencia judicial de deuda.
En el caso de la congresista Yesenia Ponce Villarreal, el informe aprobado por mayoría propone su suspensión por 120 días de legislatura. Ella fue denunciada por intromisión de funciones en el gobierno regional de Ancash.
DENUNCIAS IMPROCEDENTES
La Comisión de Ética también declaró improcedente 11 denuncias planteadas contra 12 parlamentarios, entre ellas contra los congresistas Kenji Fujimori (FP) y Luz Salgado Rubianes (FP), presidenta del Parlamento Nacional.
El informe de la Comisión, aprobado por mayoría, consideró improcedente la denuncia contra Salgado Rubianes en el sentido de que habría cumplido con lo expresado en la sesión del Pleno del 15 de diciembre sobre renunciar si se comprobaba acto de corrupción en la compra de computadoras para la institución.
Dicho informe se ampara en el artículo 93 de la Constitución sobre inviolabilidad de opinión y 17 del Reglamento del Congreso.
En el debate el congresista Mauricio Mulder dijo que el tema es político y que los debates en el pleno no pueden cuestionarse porque el derecho de opinión no puede ser punible
Otra denuncia archivada es el caso del congresista Kenji Fujimori (FP) por presuntamente haber entregado computadoras a un colegio en la región Cusco, en semana de representación parlamentaria.
El informe aprobado con el voto dirimente del congresista Segundo Tapia –presidente de la Comisión de Ética-, concluyó en que las donaciones fueron realizadas el 28 de octubre de 2016 y la semana de representación se realizó del 31 de octubre al 4 de noviembre, por lo tanto no fue en una actividad. La denuncia pasó al archivo.
De igual manera fueron declaradas improcedentes las denuncias contra los congresistas Elard Melgar Valdez (FP), Betty Ananculí Gómez (FP), Sonia Echevarría Huamán (FP), Mercedes Araoz Fernández (PPK), Benicio Ríos Ocsa (APP), Clayton Galván Vento(FP) Roy Ventura Ángel (FP), Carlos Domínguez Herrera(FP), Luciana León Romero (APRA) y Nelly Cuadros Candia (FP).
AUDIENCIAS
En la sesión también se llevaron a cabo las audiencias únicas respecto de las denuncias en contra de los congresistas Carlos Bruce Montes de Oca y Maritza García Jiménez.
En la audiencia participó el General Hugo Begazo, jefe de Región, quien señaló que el 6 de diciembre recibió un oficio firmado por el congresista Bruce señalando que ese día se inauguraría el restaurante La Trastienda, en La Costa Verde, del cual es socio.
Dijo que se pronunciaron como improcedente y que no se generó ningún servicio a favor del parlamentario.
Por su parte, el congresista Carlos Bruce, reconoció que fue culpa suya no leer todo el documento porque había un error que no detectó. “El oficio fue mal redactado, esa no fue mi intención porque el local no requería ese tipo de resguardo ya que se trataba de un cóctel”, remarcó el legislador.
Posteriormente, se realizó la audiencia respecto de la denuncia contra la congresista Maritza García Jiménez por supuestamente consignar datos falsos sobre estudios de maestría realizados en la Universidad de Piura
El asesor legal de esa casa de estudios, Valentín Soto, señaló que la congresista no concluyó 2 cursos de la maestría por lo tanto no tiene condición de terminado.
Por su lado, la congresista Maritza García Jiménez (FP) sostuvo que la denuncia de la que es objeto por parte de algunas autoridades de la Universidad Nacional de Piura es por la labor de fiscalización que ella ha realizado en esa casa de estudios.
“Ellos pretenden bajarme de mi curul para subir a un parlamentario en la medida de sus intereses políticos y eso no lo voy a permitir”, dijo.
La legisladora, que calificó a sus acusadores de ser “una tira de delincuentes”, descartó, por inadmisible, haber estudiado cursos sin antes haber hecho lo propio con los anteriores, siendo pre-requisito.
García Jiménez preguntó el por qué los representantes de la universidad no llevaron consigo su legajo con la documentación del 2007 donde tiene toda su información académica completa. ”Aquí lo que se trata es de intimidarme para que no siga con mi labor de fiscalización”, expresó al tiempo de aclarar que tiene su documentación en regla.
Antes, el rector de la universidad, Cesar Augusto Reyes Peña, el director de la Escuela de Post Grado, Santos Montano, dijeron que ellos no tenían nada personal contra la parlamentaria ni forma de probar si los documentos presentados por ella eran o no originales.
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