Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
Restituir las facultades y participación de la Procuraduría en los procesos de colaboración eficaz, recortados por el Decreto Legislativo 1301 que modifica el Código Procesal Penal, para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, reclamó ayer la Procuradora Ad Hoc anticorrupción, Katherine Milagros Ampuero Meza. Fue durante su participación en la sesión de la Comisión Investigadora Lava Jato, que desde hoy preside la legisladora Rosa María Bartra (FP).
La Procuradora Ampuero Meza pidió que se modifiquen los plazos para que el colaborador eficaz brinde su información y la fase donde el fiscal debe corroborar la información del colaborador. Enfatizó que la participación de la Procuraduría debe considerarse desde el inicio de la fase de corroboración y no al final como se hace ahora con el DL 1301.
Consideró que la Procuraduría debe tener una participación activa de los procedimientos de colaboración eficaces, no solo a tenor de los artículos desde la dación del DL 1301 y en atención a la Ley 27378, vigente desde el año 2001.
“Es importante un plazo para que el colaborador brinde la información. Eso no puede quedar abierto a discreción del colaborador, dejar que él decida, dónde, cómo, cuándo y en qué tiempo quiere colaborar”, detalló.
“Se supone que si se va a someter (el colaborador) a un proceso de colaboración eficaz es porque está arrepentido, quiere colaborar con la justicia y está dispuesto a reconocer los hechos que se le imputan. Se parte de este principio”, advirtió.
La procuraduría también propone que el tiempo máximo que un colaborador tenga para brindar información sea de 20 días, es tiempo suficiente para una persona que quiere acogerse y obtener un beneficio, sostuvo.
Fase de corroboración
“La etapa de fase de corroboración debe tener un plazo también determinado. Consideramos que esta fase de corroboración de información debe tener un plazo de 90 días, pudiendo prorrogarse 60 días más en caso necesario. Esta propuesta tiene su antecedente en la Ley 27378, donde se fija ese plazo como marco legal suficiente. Así se investigaron los actos de corrupción en la década del 90 al año 2000”, remarcó Ampuero Meza.
El Estado, el agraviado
La Procuraduría como defensora de los intereses del Estado debe tener participación desde el inicio de la etapa de corroboración y no desde el final. Así, desde la Procuraduría tendríamos acceso a la información del colaborador y del daño de los hechos de corrupción y de lavado de activos que son de nuestra competencia y el daño que han originado al Estado Peruano que es también nuestra competencia. Así, también podremos calcular el monto de la reparación civil, tener la oportunidad de presentar documentación, información que vaya a contribuir y resguardar nuestros intereses, señaló la Procuradora.
Beneficios para colaboradores eficaces
Otro aporte de la Procuraduría es limitar los beneficios carcelarios para los colaboradores eficaces a la disminución de solo un tercio de su pena. En relación a la Ley 27378 vigente desde el 2001, que señalaba beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de criminalidad organizada.
Aquí se señalaba expresamente que los fiscales podrán celebrar acuerdos con las personas investigadas. Con este marco legal los procuradores podían celebrar acuerdos con los colaboradores eficaces en cualquiera de las etapas del proceso, o caso contrario con sus abogados o con el Procurador Público cuando el agraviado es el Estado.
Los legisladores Mauricio Mulder (CPA), Karina Beteta (FP), Marisol Espinoza (APP), Gino Costa (PPK), Jorge Castro(FA), Richard Arce (FA) y Tamar Arimborgo (FP), se mostraron interesados en las propuestas de la Procuradora, haciendo también una serie de sugerencias al tema.
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