Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
El predictamen de la nueva Ley Electoral, que condensará alrededor de 430 artículos, fue aprobado por unanimidad por el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, que dirige la congresista Patricia Donayre Pasquel (FP), en sesión realizada hoy lunes 8.
Se hicieron las últimas precisiones reformadoras de la normatividad que regirá las próximos comicios a realizar en el país, precisando que las encuestas solo podrán difundirse hasta dos días antes de las elecciones.
Patricia Donayre manifestó que se ha tenido en cuenta todas las propuestas presentadas por diferentes sectores, con lo cual el texto quedó listo para ser presentado el 16 de mayo ante la Comisión de Constitución y Reglamento, a fin de que lo sancione y lo deje expedito para ser debatido por el Pleno del Congreso de la República.
La legisladora expresó su deseo de que todos los miembros del grupo de trabajo participen en la sustentación de la futura ley electoral, que contará importantes reformas para bien de la ciudadanía y de los procesos electorales regionales, locales, presidenciales y parlamentarios a efectuarse en nuestro medio.
También anunció que la labor de la subcomisión tendrá una segunda etapa de labor legislativa en la cual se abocarán a analizar, debatir y votar proyectos constitucionales, a fin de que determinados artículos no colisionen con la Constitución Política.
Patricia Donayre estimó que la nueva ley electoral sería aprobada, a más tardar, entre agosto o setiembre próximos, lo cual garantizará su vigencia para las futuras lides electorales teniendo como inicio los comicios regionales y locales del 2018.
No a condenados por terrorismo
En la sesión se aprobaron importantes artículos, como el relacionado a los impedimentos para ser candidatos. Se precisa que estarán impedidos de postular aquellas personas que estén en una situación condenatoria firme con prisión preventiva de la libertad efectiva o suspendida por la comisión de delitos de terrorismo, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, contra la humanidad, contra la indemnidad sexual, trata de personas, la no asistencia familiar y violencia contra las mujeres y la integración familiar.
Acoso político
Igualmente aprobó la incorporación del dispositivo relacionado al acoso político estableciendo que si en el marco de un proceso electoral o de consulta popular cualquier ciudadano con personería natural o jurídica menoscaba, limita, anula, impide, obstaculiza o restringe los derechos políticos de un candidato, a través de amenazas, agresiones o la divulgación de información en contra de su dignidad; será sancionado con una multa de 20 UIT, además de remitir la información al Ministerio Público y a las autoridades competentes.
Secreto bancario y reserva tributaria
También se precisó que en la declaración jurada de vida los candidatos incluirán si autoriza al órgano electoral competente o la denegatoria para el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. Indica que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), establecerá mecanismos para efectos de la fiscalización de la declaración de bienes y rentas.
En caso se verifique inconsistencia o falsa declaración sobre estos rubros se procederá a la exclusión del candidato y la denuncia ante el Ministerio Público
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