Cuatro normas éticas que garantizan una gestión pública sin corrupción

Ante las recientes denuncias contra los máximos fiscalizadores y auditores del país, es importante reflexionar sobre el papel de la ética. En ese aspecto el papel del funcionario público es muy importante, ya que su trabajo debe orientarse a garantizar, proteger y promover los derechos de los ciudadanos.

 “Es importante Indagar cuales son las prioridades de los funcionarios, cuáles son las obligaciones que deberían asumir y que hacer para que el estado vuelva a conectarse con la ciudadanía”, indica el especialista Francisco Merino Amand, autor del libro Ética para la Función Pública de la Editorial UPC.

Según Amand, se han identificado un conjunto de normas éticas específicas encaminadas hacia la meta señalada, que todo funcionario debería tomar en cuenta:

Orientar sus acciones hacia la garantía, promoción y respeto de los derechos ciudadanos, dentro del marco constitucional democrático correspondiente.

Actuar con imparcialidad, desde criterios de equidad y respeto por las diferencias, sobre todo de personas y grupos en situación de marginación y exclusión.

Buscar el logro de eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión de recursos y provisión de servicios.

Promover acciones de rendición de cuentas, lo que implica impulsar prácticas transparentes y dar cuenta de su responsabilidad ante el Estado y los ciudadanos, así como promover la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos en los que el Estado interviene.