Comisión permanente aprobó remoción del Contralor

Por faltas graves, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe del grupo de trabajo ad hoc que recomienda la remoción del cargo al Contralor General de la República, Edgard Alarcón. La decisión fue tomada con 22 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, en la sesión del lunes 3 de julio.

Con esa misma votación fue aprobado el proyecto de Resolución Legislativa mediante la cual se remueve a Edgar Alarcón y se declara la vacancia del cargo.

El congresista Marco Arana dijo que el informe se sustentó en su comportamiento ético, en probar una conducta intachable, reconocida solvencia e idoneidad moral para el ejercicio del cargo del funcionario en cuestión, sin embargo, concluye en la comisión de faltas graves, por lo cual se recomienda su remoción.

“Quisiéramos canalizar el pedido a la Contraloría General de la República para que se inicie un proceso administrativo. EL Congreso está a la altura de dar la batalla a la corrupción”, pidió Arana Zegarra ,quien además consideró pertinente que todo lo actuado por su grupo de trabajo se remita al Ministerio Público.

A la sesión asistió Edgar Alarcón Tejada, acompañado de su abogado Humberto Abanto,  para presentar su descargo. "Vengo a entregar mi verdad a ustedes que son representantes de todos los peruanos, pero sobre todo a la opinión pública que sufre los efectos de la corrupción", dijo al iniciar su intervención.

Posteriormente, rechazó las acusaciones que lo responsabilizarían de haber grabado conversaciones con ministros de Estado. "Niego rotundamente, no es mi costumbre, yo no grabo. Espero que quien me acusa se retracte", dijo el funcionario.

Lamentó haber sido atacado con términos de todo calibre que -según dijo- pudieron haberse evitado si la Contraloría daba luz verde a la adenda del aeropuerto de Chinchero en Cusco. "Si agachaba la cabeza no pasaba nada, pero este contralor hizo caso omiso y no permitimos que le torcieran el brazo", remarcó.

Alarcón Tejada negó cada uno de los cargos que se le imputaron en el informe presentado por el congresista Marco Arana Zegarra. Dijo que no habìa participado en la contratación de la señora Marcela Emilia Mejía Franco, en la municipalidad de La Molina. Rechazó algún tipo de sometimiento al auditor Walter Grados Aliaga al decir “yo me someto a ti”. “Nunca sometí mi autoridad a nadie”, remarcó al asegurar que se trató de una conversación coloquial.

Enseguida rechazó haber cometido falta grave en la denuncia sobre operaciones comerciales con el proveedor Juan Carlos Capcha. “No tuve ningún vínculo con ese señor, no firmé requerimientos ni autorizaciones, era un compañero más”, observó el exfuncionario.

Finalmente, negó haber cometido falta grave en su declaración jurada de bienes y rentas,  y con respecto a la autenticidad de su título profesional informó que la documentación que lo sustenta fue extraviada por la Universidad San Agustín donde cursó estudios.

DEBATEDurante el debate, algunos parlamentarios, como el congresista César Vásquez Sánchez (APP) calificaron a la intervención del contralor como un mero “discurso político para victimizarse”, en tanto  otros, como Edgard Ochoa Pezo (FA), dijo que el funcionario confundió su defensa con chantaje. “Ha dañado la institucionalidad de la Contraloría”, remarcó.

Por su parte, el congresista Juan Sheput Moore (PPK) remarcó que la comisión evaluó principios éticos, en tanto que el legislador Richard Arce Cáceres (FA) dijo que lo que se quiere es garantizar la probidad de nuestras autoridades. Con ello coincidió Gloria Montenegro Figueroa (APP), quien resaltó la importancia de incidir en valores como la honestidad y la justicia, principal legado para nuestros hijos.

A su turno, el congresista Carlos Bruce Montes de Oca propuso modificar el reglamento para crear una comisión revisora del currículum del postulante a contralor general de la República. “Nosotros estamos obligados a ver que no se vuelva a repetir esta situación”, dijo el legislador.

En ese contexto, los congresistas Karina Beteta Rubín (FP) y Víctor Andrés García Belaunde (AP) hicieron un mea culpa sobre la responsabilidad que tiene el Parlamento frente a la presión mediática al designar funcionarios. “Creo que sí, nos equivocamos, había apuro, demasiado apuro y no habían muchas opciones. Tenemos que cambiar el sistema para nombrar al contralor”, dijo García Belaunde.   

Ante ello, el legislador Richard Acuña Núñez (APP), hizo una reflexión. “No estamos para arrepentirnos de la forma cómo se eligió. El país requiere que el Congreso actúe por encima de todo, de los ministros, del contralor, debe estar el interés del país y trabajar para que se dé el crecimiento económico”, sostuvo el segundo vicepresidente del Parlamento.

INGRESO DE PERSONAL MILITAR

Posteriormente, la Comisión Permanente aprobó con 19 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones el proyecto de Resolución legislativa mediante la cual se propone modificar el anexo de la Resolución legislativa 30531, que autoriza el ingreso de personal militar al territorio de la República, de acuerdo con el Programa de Actividades Operacionales de las Fuerzas Armadas Extranjeras correspondiente al año 2017. Se trata de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo can carácter de urgencia, que fue sustentado por el congresista César Segura Izquierdo (FP).