Datos del censo no debieron ser compartidos

Amparándose en la ley de protección de datos, el congresista Rolando Reátegui Flores (FP), dijo que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) no debió compartir los datos levantados en el último censo nacional, advirtiendo que “en comparación a procesos anteriores ahora hay una ley que antes no había la cual permite compartir datos previo consentimiento escrito del encuestado, pero a nadie se le ha pedido esa autorización”.

Así lo hizo saber en su condición de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría y en cumplimiento de su función vigilante del buen uso de los fondos públicos.

“No se puede llevar a los censos del pasado y trasladarlos con todos sus errores al último proceso”, dijo el legislador en alusión a que en procesos pasados estaba permitido revelar la información levantada para fines académicos por parte de universidades, respaldadas en convenios.

“Compartir una base de datos con información sumamente importante. Esos datos para una empresa son oro en polvo y ¿se lo van a entregar de forma gratuita?, preguntó el legislador al tiempo de rechazar que con el dinero de todos los contribuyentes se haya favorecido a terceros

El parlamentario hizo estas precisiones en la sesión que realizó la comisión el viernes 3, y a la que asistió el jefe encargado del INEI, Francisco Costa Aponte, quien estuvo acompañado del sub jefe de estadística, Aníbal Sánchez Aguilar.

El encargado del INEI inicio su intervención expresando sus disculpas a aquellos hogares donde el equipo de censadores llegó muy tarde y no pudieron levantar la información necesaria. "Somos conscientes que hemos cometido errores de logística", remarcó.

Sin embargo dejó claro que el censo no termina el día programado para el levantamiento de información sino que continúa y aún se encuentran levantando información en el área rural. Se proyecta concluir el 6 noviembre.

"Queremos ampliar la muestra para que tenga resultados en todo el país y permita decir a la población si hemos cumplido con la cobertura y la calidad de la data. Es prematuro opinar en contra de la calidad de datos y para conocer esto es necesario  hacer una encuesta postcensal”, señaló

Remarcó que el objetivo principal del censo es contribuir al desarrollo del país e informó que se inscribieron más de un millón de empadronadores. 594, 211 empadronadores trabajaron en el campo el día del censo, 102 mil jefes de sección y 10 mil jefes de subzonas.

Sobre la inamovilidad del día del censo, Aníbal Sánchez, sub jefe de estadística del INEI dijo que es una práctica común en estos procedimientos que también se realizó en los censos anteriores. "El día del censo no se presentó ningún caso de alguna persona que haya sido intervenida en el horario de 8 am. a 5 pm.", subrayó.

CENSADORA VIOLADA

En otro momento, dijo que es una práctica común realizar convenios con universidades y citó como ejemplo al país vecino de Chile que establece convenios con universidades y comparten la información para uso académico de los estudiantes

Con respecto a la empadronadora violentada dijo que inmediatamente llamaron al jefe de seguridad del censo, el coronel Centurión, para que vaya al lugar de los hechos, tome conocimiento del caso e informe al INEI.

"Se ha brindado la asistencia médica y legal frente a este hecho que ha afectado la salud física de una persona", sostuvo el funcionario.

Sobre la censadora violentada, el congresista Mauricio Mulder Bedoya (APRA) pidió que se aclare la denuncia del hermano de la víctima quien refirió que un funcionario del INEI le ofreció mil soles para que no denuncie el hecho, “y yo le creo”, dijo el legislador.

“Hemos hecho la denuncia al respecto, caiga quien caiga, eso ya está en trámite” dijo Aníbal Sánchez, agregando que la víctima recibió atención médica inmediatamente y el supervisor de seguridad tomo conocimiento de lo sucedido. También se le ofreció un seguro que la víctima no aceptó.

En otro momento, Mulder cuestionó el convenio con universidades privadas para el uso de información con el compromiso de apoyar la labor académica de los estudiantes. "¿Por qué compartir datos con universidades privadas?, parece ser una suerte de favorecimiento indebido, comentó.

COLAS POR 50 SOLES

También lamentó que los empadronadores hayan tenido que hacer por 3 ó 4 días largas colas para cobrar sus 50 soles que se les ofreció como pago.

A su turno la parlamentaria Lourdes Alcorta Suero (FP) consideró que el censo debe anularse porque “no sirve para nada” y acusó a los funcionarios de hacerle daño al INEI y al prestigio que tenía de ser una institución sería.

"Ninguno de ustedes tiene derecho a compartir información privada" dijo la congresista Alcorta dirigiéndose a los funcionarios del INEI y "menos aún darle esa información a una universidad que tiene vinculación política"

Rechazó que hayan contratado a gente menor de edad "¿Con qué derecho?, pregunto la legisladora y dijo a los funcionarios ustedes deberían ser penalizados por este hecho.

SE INVIERTIERON 181 MILLONES

Yonhy Lescano Ancieta (AP) opinó que el INEI no estuvo a la altura de las circunstancias al momento de realizar el censo. "El censo ha estado mal organizado y ha habido errores de consideración con un margen del 5%".

Denunció una serie de deficiencias detectadas por la Defensoría del Pueblo en cuanto a materiales, cédulas, refrigerios y otros. Dijo que el costo total del censo fue de 181 millones de soles, 18 millones para materiales, 9 millones  para capacitación y130 millones para el propio censo. “Este gasto no guarda concordancia con las irregularidades detectadas”, remarcó el legislador.

En otro momento, el congresista Bienvenido Ramírez dijo que el censo ha sido un fracaso tremendo para el país nunca antes visto en la historia. Rechazó el convenio con la universidad César Vallejo, ya que según el parlamentario debió ser con una universidad Nacional

"Acá ha habido malversación del dinero del Estado por 181 Millones de soles", dijo Humberto Morales Ramírez (FA) y pidió explicaciones a la Presidenta del Consejo de Ministros. Con relación al caso de violencia sexual dijo que hay responsabilidad penal.

Por su lado, el congresista Edwin Donayre Gotzch (APP) preguntó a los funcionarios si el INEI estableció convenio con las universidades San Martín, Telesup y Continental. Previamente dejó en claro que la información no puede ser privilegiada sino compartida

A su turno, la congresista Marisol Espinoza  Cruz (APP) dijo que en el censo del 2007 hubo orden de inamovilidad y también se establecieron convenios, entre ellos,  con el Banco Continental. “Diez años después que se realiza el censo, con los  mismos parámetros, con los mismos convenios, ¿Por qué lanzan el grito al cielo?, dijo la legisladora.

Finalmente, la congresista Lourdes Alcorta Suero (APP) reiteró que estuvo mal que se comparta información más aún con la universidad César Vallejo porque es una universidad vinculada a la política, a un candidato presidencial y a un partido político con representación en el Congreso.(RMD)