Crean registro nacional de prevención e identificación de agresores sexuales

El Pleno del Congreso aprobó esta noche y por unanimidad, los proyectos de ley 258, 793, 2072, 2420 y 2451 que proponen la Ley que fortalece el Registro Nacional de Condenas y los sistemas de información, para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes; y la prevención de la violencia.

En la primera votación, el registro de los legisladores fue 88 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, del mismo modo, con la misma cifra a favor, se exoneró de una segunda votación. Fue luego, de un cuarto intermedio, que se solicitó la semana pasada, por los impulsores del mencionado proyecto de ley, pertenecientes a las agrupaciones de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Frente Amplio.

La propuesta legislativa conjunta de las Comisiones de la Mujer y Justicia, respectivamente, busca garantizar medidas de prevención frente a las personas sentenciadas o con orden de captura por la comisión de delitos de contra la libertad sexual, más aún, cuando trabajan con niños.

Igualmente, la creación de un Registro Nacional de Prevención e Identificación de Agresores Sexuales, a efecto de que la sociedad pueda establecer mecanismos de protección frente a la violencia y peligros.

La norma señala que el Poder Judicial suministrará la data correspondiente de las resoluciones emitidas por los jueces a nivel nacional, en las que se identifique a los agresores con orden captura. La base informática, debe tener un acceso sencillo y gratuito para la población.

La presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, Cecilia Chacón de Vettori (FP), dijo que se tiene que prevenir a las personas de aquellos que cometen delitos graves, en especial niños, mujeres y adolescentes, que se encuentran en riesgo.

Se podrá ingresar a un sistema organizado para saber quiénes son las personas que estamos contratando, y evitar que los agresores ingresen o reingresen al sector público, en especial a instituciones educativas, y tampoco en el sector privado, enfatizó.

Edgar Ochoa Pezo (FA), preguntó: ¿qué pasa con aquél que contratan a estas personas que están dentro del registro de condenas. Falta legislar sobre la responsabilidad pública, expresó.

Yonhy Lescano Ancieta (AP), demandó que se consigne el domicilio del violador y su información personal. Esta persona va comunicar una dirección y luego se va a cambiar. En el Perú ‘hecha la Ley, hecha la trampa’, porque estos sentenciados no van a notificar la variación de su domicilio, remarcó.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva Corrales (PPK), indicó que en el registro personalizado se mantienen los datos de los condenados, y si tuvieron rehabilitación.