Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
Una de las propuestas legislativas anunciadas y remitidas por el Poder Ejecutivo al Congreso –dentro de las ocho alcanzadas hasta el momento- es la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia como mecanismo institucional del más alto nivel político, para asegurar el cumplimiento, seguimiento y reporte de las políticas y acciones dirigidas a que la función de justicia sea ejecutada con probidad.
El proyecto de ley lleva el número 03166, del 2 de agosto, y señala como una de sus finalidades impulsar la toma de decisiones necesarias por parte de los poderes del Estado y de organismos constitucionales para su adecuada reforma. El objetivo es asegurar la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas.
El Consejo estará conformada por los presidentes del Ejecutivo, del Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo.
Sus funciones serán impulsar la reforma del sistema de justicia, evaluar los procesos de la reforma y presentar a la opinión pública un informe anual sobre los avances de esta reforma.
La presidencia del Consejo será ejercida por el presidente de la República y la Secretaría a cargo del ministro de Justicia.
El proyecto de ley que se propone crea también una Secretaría de Coordinación que estará a cargo del ministerio de Justicia.
De igual forma, se organiza un Consejo Técnico conformado por especialistas técnicos de las entidades del sistema de justicia encargados de elaborar las políticas, planes y acciones de la reforma, de acuerdo con las decisiones que se adopten en el Consejo y en el ordenamiento jurídico vigente.
El Consejo, dentro de sus facultades, podrá invitar a representantes de la sociedad civil, especialistas, gremios empresariales y otros, según las materias de discusión que traten los miembros del Consejo o el Consejo Técnico.
La propuesta tiene 9 artículos, lleva las firmas del presidente de la República, Martín Carranza y del jefe del gabinete, César Villanueva Arévalo.
La decisión del Ejecutivo se tomó debido –manifiesta en la Exposición de motivos- por la grave crisis que afecta la legitimidad y confianza social del ejercicio de la potestad de administración de justicia.
Por ello, se dice, es importante que el pueblo garantice que las decisiones adoptadas por las instituciones integrantes del sistema de justicia sean ejercidas con probidad, autonomía, independencia y eficacia.
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