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El Senado argentino, en una votación fijada para hoy 8 de agosto de 2018, debe aprobar un proyecto de ley que limitaría la criminalización del aborto en el país, que socava los derechos fundamentales de mujeres y niñas. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes en junio.
"El Senado argentino tiene una oportunidad críticamente importante para proteger los derechos de las mujeres y las niñas al poner fin al statu quo injusto y dañino que pone en riesgo sus vidas y su salud", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Argentina debería unirse a la tendencia mundial hacia la ampliación de los terrenos legales garantizando el acceso al aborto y afirmando los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas".
El aborto es ilegal en Argentina, excepto en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. La nueva propuesta legislativa despenalizaría completamente el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. Permitiría que las mujeres y las niñas finalicen su embarazo después de ese período si el embarazo es resultado de una violación, la vida y la salud de la mujer o la niña están en riesgo o si el feto sufre condiciones severas no compatibles con la vida fuera del útero.
En testimonio ante el Congreso el 31 de mayo de 2018, Vivanco dijo que la despenalización del aborto es un imperativo de la salud pública y los derechos humanos. Describió una tendencia global hacia la expansión del acceso al aborto legal y seguro, recientemente con un voto histórico en Irlanda para derogar la prohibición constitucional de 35 años sobre el aborto y para permitir que el parlamento regule el acceso al aborto.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, Argentina debería despenalizar el aborto y garantizar el acceso legal y seguro al aborto, como mínimo, cuando la vida o la salud de la mujer embarazada están en riesgo, cuando el feto tiene una enfermedad grave incompatible con la vida fuera del útero o cuando el embarazo fue el resultado de la violencia sexual. Las interpretaciones autorizadas de los tratados ratificados por Argentina han establecido desde hace tiempo que las leyes de aborto altamente restrictivas o criminales violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluidos sus derechos a la vida, a la salud y no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Los abortos inseguros en situaciones en que las mujeres y las niñas no tienen acceso al aborto legal representan una grave amenaza para la salud de las mujeres y las niñas. Según un informe de 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se produjeron 25 millones de abortos inseguros cada año entre 2010 y 2014. En Argentina, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, más del 17 por ciento de las 245 muertes registradas de mujeres embarazadas y niñas en 2016 se debieron al aborto, convirtiéndose en la principal causa de mortalidad materna en el país.
La despenalización del aborto no significa que más mujeres tendrán abortos. De hecho, las tasas de aborto son un poco más bajas en países donde el aborto es legal que en países con leyes de aborto altamente restrictivas. Un estudio reciente del Instituto Guttmacher informó que en países donde el aborto está prohibido o permitido solo para salvar la vida de una mujer embarazada, la tasa de aborto es de 37 por cada 1,000 mujeres, mientras que en países donde no está restringido a situaciones particulares, es 34 por cada 1,000 mujeres.
En todo el mundo, los países han ampliado progresivamente las bases legales para permitir el aborto. El Instituto Guttmacher descubrió que desde 2000, 28 países han cambiado sus leyes de aborto. Todos ellos, excepto Nicaragua, ampliaron las disposiciones legales para permitir que los abortos protegieran la salud de una mujer, por razones socioeconómicas o por un período de tiempo específico sin condiciones.
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