La criminalización de la política

Mg. Jorge Luis Martínez, autor de estas líneas

Los partidos políticos son el sostén de la democracia. El ciudadano tiene el derecho de participar en la vida política del país a través de los partidos políticos u otras organizaciones políticas. Todas las organizaciones que participan en elecciones están registradas en el Jurado Nacional de Elecciones y para eso tienen que ser organizaciones políticas o partidos políticos. La Constitución es clara al respecto.

Es cierto que existen una decena de gobernadores regionales con problemas con la justicia. También tenemos un expresidente fugado a Estados Unidos, otro con impedimento de salida, otro que acaba de salir de una prisión preventiva y, ahora último, un expresidente que ha solicitado asilo a la República Oriental del Uruguay. Si el asilo es concedido sería un golpe mortal para el gobierno del presidente Martín Vizcarra, pues ante la comunidad internacional se comprobaría que en el Perú si existe persecución política. Y por lo tanto, no está demás decir, la señora Keiko Fujimori lo sería también.

Así las cosas, conviene recordar que el Ministerio Público ha calificado a algunos partidos políticos como organizaciones criminales. Un hecho grave, pues el Ministerio Público de esa manera criminaliza a la política. Lo que es peor, el Ejecutivo, a través de una parte del Ministerio Publico, utiliza esta acusación para contrarrestar toda fiscalización proveniente justamente de los partidos representados en el Poder Legislativo, los que al hacerlo solo quieren  llevar a cabo su labor de fiscalización contra actos de corrupción del Ejecutivo. La justicia, en muy buena cuenta, a partir de los últimos sucesos en nuestro país, ha sido judicializada.

Los fiscales han comenzado a hacer política justamente al interior del terreno de los políticos. Es decir, el Congreso de la República, las Universidades y demás foros donde se plasma la acción política. En lugar de circunscribir su acción al escenario de los tribunales. Acaso no es lo que ha sucedido cuando un fiscal solicita la cabeza del Fiscal de la Nación, es decir de su propio jefe. La argumentación de un fiscal tiene que ser jurídica y para nada debe echar manos de argumentos de índole político. No deben olvidar que sus acciones terminarán por minar la acción política, pues muchos ciudadanos por temor al avasallamiento de la justicia decidirán no participar en la política. La criminalización de la política debe parar y de inmediato. Hay que poner coto a lo que comenzó cuando el presidente Martín Vizcarra avasalló el Poder Legislativo, y se reforzó cuando el primer mandatario solicitó la cabeza del Fiscal de la Nación, mañana, tarde y noche, en cualquier plaza. Una de las razones por las que no gobierna y genera inestabilidad política y daña la economía.

Dicho esto, llama poderosamente la atención que no todos los partidos hayan sido catalogados como organizaciones criminales. ¡No!, el partido del señor Alejandro Toledo, a quien se le comprobó la coima de veinte millones dólares, no ha sido catalogado. Perú Posible ha salido muy bien librado del avasallamiento. Ni siquiera la empresa brasilera Odebrecht, la gran corruptora, ha sido calificada como organización criminal, pues para la Fiscalía es tan solo un ente colaborador. Lo han sido solo el Apra y Fuerza 2011, o sea los partidos opositores al señor Martín Vizcarra. ¡Basta de criminalizar la acción política!

Ahora bien, como quien coloca la cereza al pastel, en un acto de barbarie judicial, ha sido allanado el estudio jurídico del señor Arsenio Ore, el estudio que defiende a los investigados y detenidos del partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Esto es un acto de intimidación contra los abogados de la defensa. Esto se llama también la destrucción del secreto profesional y esto tiene que ser combatido con las armas de la Constitución. Esto es inadmisible en un Estado de Derecho. Esperamos que el gremio de abogados se pronuncie para acabar con este abuso para con esta profesión.