Respeto a la policía

Motivado en la detención precautoria a un policía en el norte del país, por haber usado su arma de reglamento, con consecuencia letal no querida, se ha puesto nuevamente en bandeja mediática las reglas para el uso de la fuerza por la Policía Nacional.

No es la primera vez que se toca el tema en las últimas décadas, tan es así que en el primer quinquenio de este siglo, siendo Ministro del Interior Fernando Rospigliosi, se tuvo que realizar una importante campaña para que la ciudadanía tomase conciencia que a la Policía tenía que respetársele.

Esa campaña, tuvo mucho eco, aunque con el correr del tiempo se fue perdiendo y, se regresó a la malsana práctica del irrespeto a la autoridad y a la exageración del sistema judicial, para procesar y condenar a policías que habían usado sus armas con arreglo a la normatividad legal. La verdad sea dicha, estimulado ello por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con una protección desmedida hasta a quienes delinquían, pero desprotegiendo a la autoridad.

Como resultado de la mala praxis de maltrato jurisdiccional a la Policía, hemos tenido que muchas veces los policías miran los actos delictuosos sobre el hombro y no intervienen, y ello porque no desean verse como imputados en larguísimos procesos judiciales, que no solo les quitan el sueño, les impiden ascensos y malogran sus fojas de servicios, sino también los sancionan con carcelería que tienen que cumplir en penales en que quizás se encuentren otros internos a los que el mismo policía atrapó.

Juicios interminables los hemos visto, basta recordar a quienes debelaron los motines carcelarios, entre ellos el de “El Frontón”, que siguen “colgados de la brocha” por caso judicial que lleva más de 30 años sin culminar. Recordemos también el caso de nuestros héroes del operativo Chavín de Huántar que salvaron a los rehenes de la residencia del embajador nipón y que durante cerca de 20 años los tuvieron en ascuas, por decir lo menos.

Muchas personas poco entienden de las operaciones policiales, y menos de las militares, tan es así que en el hoy denominado VRAEM, cuando se opera enfrentando a los “terrucos”, hoy muy ligados al narcotráfico, se producen efectos y daños colaterales, en que sucumben o quedan heridas personas que estaban en los alrededores de los acontecimientos, cuando no debieran estar allí, salvo que fueren miembros de la logística de las columnas senderistas o de los grupos de apoyo en primeros auxilios.

Las Fuerzas Armadas no pueden estar desarmadas, como tampoco la Policía Nacional y el criterio de “proporcionalidad” tiene que ser revisado, pues no hay que olvidar que la sorpresa con la que actúan los delincuentes iguala cualquier desproporcionalidad aparente.

Tenemos que proteger a nuestros policías y soldados, y hace bien la Comisión de Defensa del Congreso de la República en reestudiar la materia, recordando que no se puede enfrentar a la delincuencia y subversivos a “pañuelazos”, se usan las armas de reglamento.