Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
El Gobernador de Coahuila, el estado mexicano donde se ubica esta ciudad fronteriza, tiene una cosa que decir después de supervisar la llegada de una caravana de casi 2,000 migrantes: "No más caravanas". Ese fue el titular en el periódico local.
"En el caso del gobierno del estado, no permitiremos que más migrantes viajen a Coahuila", dijo el gobernador Miguel Riquelme a los reporteros.
El gobernador explicó que no le correspondía a él detener esta caravana cuando cruzó la frontera sur de México hace casi tres semanas porque ese es el trabajo del gobierno federal. Pero este está aquí ahora y está haciendo todo lo posible para enfrentarlo de la manera más humanitaria.
Y esa forma involucra la enorme operación de seguridad que ha contenido a los migrantes en el refugio. Una fuerza de varias agencias que incluye a las fuerzas del orden público federales, estatales y locales se asoció con el Ejército Mexicano de Coahuila y la policía militar para mantener a todos los migrantes alojados mientras procesan las solicitudes de asilo temporales.
De los casi 2,000, solo 139 inmigrantes obtuvieron sus tarjetas oficiales que les permitirán abandonar el refugio y viajar libremente por todo México.
Las autoridades también están investigando si los migrantes tienen un pasado criminal. Si lo hacen, serán deportados inmediatamente. Hasta ahora, nadie ha sido deportado como resultado.
Esta contención agresiva está destinada a la seguridad de las comunidades de los alrededores de Coahuila y evitar la amenaza de que crucen la frontera, dicen los funcionarios.
El secretario de seguridad de Coahuila, José Luis Pliego Corona, quiere que los estadounidenses sepan que están haciendo todo lo posible para identificar y eliminar cualquier amenaza criminal en este grupo. Y caravanas como esta están afectando a las ciudades fronterizas como Piedras Negras.
El alcalde Claudio Bres dijo que solo puede continuar esto durante tres meses, como máximo, y está preocupado por más caravanas detrás de esta.
En última instancia, dice que podría tener un tremendo impacto económico en una ciudad que maneja un comercio transfronterizo por un valor de $ 22 mil millones, y espera una solución permanente.
"Lo haría mejor", dijo Bres, "si los demócratas, los republicanos, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno mexicano y el gobierno de Honduras trabajen juntos para poner sobre la mesa algo que resuelva esto para siempre".
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