El General de División (r) de la Fuerza Aérea de EEUU, Charles Dunlap Jr. ^[1], define a la Guerra Jurídica “como el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”^, añadiendo -en el caso de China- que “la gue­rra legal es esencialmente argumentar que el grupo al que uno pertenece está defendiendo la ley, criticar el grupo opuesto por violar la ley y defender el grupo al que uno pertenece en los casos donde también ocurren violaciones de la ley” ^[2].

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) define a esta figura (LAWFARE) como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción” ^[3].

Martha Chávez manifiesta que este término “… (Sic)…., viene siendo usado para describir la manipulación o uso malicioso de las instituciones legales por parte de los gobiernos para acosar a sus opositores y predisponer a la opinión pública para justificar tal acoso y destrucción de toda disidencia u opinión de acción discrepante” ^[4].

Del mismo modo, CELAG refiere la existencia de tres dinámicas y un actor clave que confluyen para construir el Lawfare:

• Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.
• Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.
• El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.
• Medios de comunicación masivos y concentrados: operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.

En el caso peruano, el Timing político se advierte claramente en las persecuciones policiales-fiscales-judiciales de personajes políticos de gran trascendencia, cuyos presuntos delitos (por lo general vinculados a actos de corrupción como lavado de activos que deberán ser probados oportunamente en estricto cumplimiento del debido proceso, incluyéndose el derecho de defensa, presunción de inocencia, etc.) fueron (de ser cierto) cometidos con bastante anterioridad, pero que de manera sorpresiva y justo en momentos de efervescencia política (Vg. época electoral) fueron privados de su libertad (detención preliminar o prisión preventiva) o estando a punto de efectivizarse. Así, tenemos a los ex-Presidentes Alejandro Toledo Manrique (2001-2006), actualmente en trámite de extradición desde los EEUU y con orden de prisión preventiva sin ejecutar; Alan García Pérez (+) (1985-1990 y 2006-2011), terminó cometiendo suicidio previo a su detención preliminar en su casa; Ollanta Humala Tasso (2011-2016) detenido con prisión preventiva por 36 meses (conjuntamente con su esposa Nadine Heredia) siendo luego liberado por un Habeas Corpus dictado por el Tribunal Constitucional; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), primero con orden de prisión preventiva por 36 meses, siendo internado de emergencia y al presentar problemas cardio respiratorios, dicha orden fue variada por detención domiciliaria por el mismo lapso. En esta lista, el caso de Keiko Fujimori Higuchi es singular. Ex-candidata presidencial y lideresa de la primera fuerza mayoritaria del Congreso de la República, Fuerza Popular (actualmente con 53 Congresistas), resulta que se encuentra en prisión preventiva por 36 meses sin haber sido jamás funcionario público que manejase recursos del Estado.

Con relación a la reorganización del aparato judicial resulta -primero- la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (órgano encargado de designar, ratificar o no, y destituir jueces y fiscales en todas sus instancias) y de la inhabilitación de todos sus integrantes (a pesar que la mayoría había renunciado previamente), creándose la Junta Nacional de Justicia, que a pesar del tiempo transcurrido sin funcionamiento a la fecha (recientemente el Congreso, a solicitud de la Comisión Especial nombrada por el Ejecutivo, aprobó la prórroga del funcionamiento de dicho órgano para cumplir con la elección de sus miembros). Segundo, una serie de cuestionamiento, imputaciones, etc., contra determinados Jueces y Fiscales, siendo los más conocidos el de los señores Duberly Rodríguez Tineo, Cesar Hinostroza Pariachi, Aldo Figueroa, Pedro Chávarry Vallejos, Tomás Gálvez y Raúl Rodríguez Monteza, vinculados a presuntas redes delictivas, y obligados a renunciar a sus cargos o apartarse de determinados procesos judiciales en los que fueron llamados por ley.

En esa misma línea, el protagonismo extremo de Jueces y Fiscales como Concepción Carhuancho, así como el dúo dinámico Vela-Pérez y las siempre solicitas Sánchez-Castro (del Callao), en clara y evidente desapego de sus funciones (adelantando opiniones e insubordinación) y de intromisión hacia otros poderes del Estado (como al Congreso de la República).

En suma, se trata de retirar de contienda funcional a Jueces y Fiscales incómodos al gobierno, y colocar en su lugar a aquellos que sí resulten atractivos para los intereses de determinado grupo de poder (Vg. El Club de la Construcción).

Respecto del doble rasero de la ley, advertimos una evidente persecución fiscal-judicial a Congresistas igualmente incómodos (de oposición o no) al gobierno, como en los casos de Karina Beteta, César Segura, Segundo Tapia, Mario Mantilla, Freddy Sarmiento y Jorge Castro, quienes presuntamente habrían incurrido en los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica en semana de representación; así como los casos de Héctor Becerril, Javier Velásquez, Carlos Bruce, César Vásquez y Clemente Flores, por presuntamente haber participado en actos de corrupción vinculados a la organización criminal “Los temerarios del crimen”. Además, estas investigaciones alcanzan partidos políticos, como Fuerza Popular (allanamiento a su local partidario), y Partido Nacionalista (la Fiscalía solicitó su extinción como organización política).

Sin embargo, poco o nada se explica (y menos se investiga y acusa) de presuntos hechos de corrupción ligados a la deleznable Odebrecht o de las empresas integrantes del otrora Club de la Construcción (COSAPI, OBRAINSA, Graña y Montero, JJC, entre otras).

Finalmente, respecto de los medios de comunicación masivos y concentrados, el Diario El País ha señalado “Las instituciones, los gobiernos y los medios tradicionales han perdido el monopolio en la elaboración y distribución de mensajes hegemónicos y eficaces entre los ciudadanos. Cualquier persona, organización, grupo o movimiento puede ya competir con gobiernos y reconocidos grupos mediáticos en la elaboración y distribución de mensajes, sentimientos, incluso nuevos alineamientos identitarios. Sin embargo, las múltiples consecuencias positivas de la democratización del debate público están siendo ensombrecidas por una utilización tramposa, encubierta y sistemática de las nuevas plataformas de comunicación para ocasionar de manera deliberada disrupciones negativas en los sistemas de gobierno, las instituciones, incluso las empresas, para ahondar en la crisis de confianza con los ciudadanos y acelerar la ruptura del contrato social que sostiene la legitimidad de los estados-nación” ^[5].

A su vez el entonces jefe del desaparecido KGB, Yuri Andropov, decía “La desinformación es como la cocaína. Esnífala una o dos veces, puede que no cambie tu vida. Pero si la usas todos los días te convertirá en un adicto, en un hombre diferente”.

Así, tenemos en nuestro país medios de comunicación que diariamente inundan titulares antagónicos, apoyando manifiestamente al gobierno (explicando sus éxitos y/o bondades, mucho mejor inclusive que los propios Ministros) y a su vez atacando inmisericordemente a aquellos personajes incómodos y considerados como corrutos o cómplices de la corrupción, aseverando en algunos casos frases como que es por “culpa de ellos” que el gobierno no puede avanzar como quisiera.

Atendiendo a esto último, tan exactas las palabras de Ricardo Uceda cuando dice “La fiscalización al sistema judicial, una de las obligaciones de la prensa, es en extremo difícil pero necesaria. Errores judiciales que causan severos daños son pasados por alto. Este año, por ejemplo, el TC anuló el juicio que impuso 30 años de prisión a la cantante Abencia Meza, detenida por asesinato desde el 2011. ¡Continúa en prisión, a la espera de un segundo proceso! Otro caso es el de Gregorio Santos, quien pudo haber robado al gobierno de Cajamarca. ¿Pero no estuvo cuatro años preso por criminalidad organizada, un cargo que ahora desapareció? Muchos de estos errores se deben, por otra parte, al temor de los jueces al juicio de los medios. Aparte de que el sistema de control interno los persigue solo si no dan una prisión preventiva. ¿Hay jueces sancionados por imponer carcelería indebidamente? El escrutinio periodístico judicial requiere un criterio propio, con postura independiente ante el conflicto de cada caso. Es difícil porque requiere investigar, y eso demanda recursos. Además, existe el riesgo de perder fuentes. Salvo que comprendan que sus casos también salen beneficiados con la crítica”. ^[6]

Mientras, seguimos profundizando las brechas existentes, y nuestro Perú continúa polarizado y a su vez paralizado, ajeno e indiferente ante los graves problemas cotidianos.