Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
Cerca de 7.000 personas murieron durante operaciones de seguridad en Venezuela en el último año y medio, dijo el jueves la ONU, advirtiendo que muchos de los asesinatos probablemente constituyeron "ejecuciones".
En un informe reciente, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que el gobierno venezolano había registrado al menos 6.856 muertos en presuntas confrontaciones con fuerzas estatales desde principios de 2018.
"La incidencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad (...) ha sido sorprendentemente alta", dijo la oficina de Bachelet en un comunicado.
El año pasado, el gobierno registró 5.287 asesinatos, supuestamente por "resistencia a la autoridad" durante tales operaciones, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, se registraron otros 1.569 asesinatos similares, según el informe.
Las cifras fueron proporcionadas por el gobierno venezolano a la oficina de derechos de la ONU en respuesta a una solicitud realizada después de una visita al país por parte de un equipo técnico en marzo, dijo la portavoz Ravina Shamdasani a la AFP, y agregó que esta era la primera vez que la ONU publicaba figuras.
La jefa de derechos humanos de la ONU, que visitó Venezuela el mes pasado, advirtió en su informe que "existen motivos razonables para creer que muchos de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad".
Bachelet presentó el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el viernes, diciendo que "las instituciones esenciales y el estado de derecho en Venezuela se han erosionado".
"Muchos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, y deberían investigarse a fondo con la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no recurrencia", dijo Bachelet al consejo.
La declaración subrayó las preocupaciones destacadas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) "de que las autoridades pueden estar utilizando FAES, y posiblemente otras fuerzas de seguridad, como parte de una política de control social".
"Estos asesinatos justifican una investigación inmediata para garantizar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no recurrencia", dijo el informe, instando a Caracas a "disolver FAES", en referencia a las Fuerzas Especiales de Venezuela.
Y Bachelet pidió al gobierno que "establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones de seguridad, garantizar la responsabilidad de los perpetradores y reparar a las víctimas".
El informe del jueves también denunció una amplia gama de otras violaciones graves de derechos en Venezuela, que se encuentran atrapadas en una crisis económica y un enfrentamiento político entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
El país rico en petróleo también sufre de hiperinflación y escasez de productos básicos, desde alimentos hasta medicamentos, una crisis que ha obligado a millones a huir.
El informe concluyó que "existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud".
También dijo que "a medida que la crisis económica se agudizaba, las autoridades comenzaron a utilizar los programas sociales de manera discriminatoria, por motivos políticos y como un instrumento de control social".
Mientras tanto, el informe encontró que las sanciones impuestas a Venezuela, si bien no son responsables de los problemas del país, estaban "agravando aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria".
El informe del jueves señala que el gobierno de Venezuela durante la última década, y especialmente desde 2016, había implementado una estrategia "dirigida a neutralizar, reprimir y criminalizar a los opositores políticos y personas críticas con el gobierno".
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