En la quincena de junio pasado, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) identificó que, nivel nacional, existe una cartera de inversión de 363 grandes proyectos de infraestructura de uso público y privado estimados en US$ 115,467 millones, comprendiendo proyectos de inversión privada (159), inversión pública (120), Asociaciones Público-Privadas (48) y Obras por Impuestos (36), distribuidos en 14 sectores económicos, con fecha de corte abril del 2019. En palabras de su Director Ejecutivo, César Peñaranda “Estos proyectos de inversión representan alrededor del 50% del PBI del presente año y fueron seleccionados considerando solo aquellos con una inversión mínima de US$ 10 millones. De materializarse esta cartera se impulsaría el crecimiento económico revertiendo la tendencia decreciente de la economía” ^[1].

Días después, la alentadora noticia que la CONFIEP -en reunión protocolar sostenida en Palacio de Gobierno- alcanzó al Presidente Vizcarra la “AGENDA PAÍS” consistente en la propuesta de reforma sobre 15 ejes estratégicos de la economía peruana para poder concretar inversiones en el país. Su presidenta María Isabel León de Céspedes dijo “La PEA está compuesta por 17 millones de peruanos. De esta, solo 5 millones son formales. Según la planilla electrónica de la SUNAT, el sector privado genera más del 72% de los empleos formales en el país. Somos el sector que más empleabilidad formal genera. Sin embargo, necesitamos que el gobierno nos ayude a agilizar y concretar las inversiones para reactivar y dinamizar la economía. Esta, es la única forma de generar más puestos de trabajo” ^[2].

En contraste, la XV Encuesta de Gerentes Generales reveló que la aprobación de los ejecutivos hacia el Presidente de la República es de tan solo 51%. SEMANA económica añadió “Esa situación no permitirá que el gobierno avance con las reformas que le interesan al empresariado, como la laboral. En los últimos doce meses, además, el presidente Vizcarra fue cauto con sus políticas económicas, pero osado en su agenda anticorrupción y de reforma política. En el par de años que le quedan al gobierno, todo indica que la relación entre el presidente, el Congreso y el empresario seguirá colmada de ásperos desencuentros y descoordinaciones”, agregando que “Los ejecutivos creen cada vez más que el desempeño del Ejecutivo para atraer inversiones, destrabar proyectos, ejecutar inversión pública y fomentar inversión minera es deficiente” ^[3].

Ese mismo mes, la confianza del consumidor registró su peor resultado en los últimos ocho meses alcanzando 92 puntos (menos de 100 es pesimismo), según el Índice de Confianza al Consumidor (ICC), elaborado por GfK. Gestión expresó “Esto se explica, en parte, porque esta encuesta -realizada entre el 14 a 19 de junio- incluye el impacto del ruido político y las tensiones de los últimos días de mayo: por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra pidió la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de proyectos de ley de reforma política, los que aún se debaten en el Parlamento” ^[4].

En paralelo, estando en el último semestre del ejercicio fiscal 2019, la ejecución del gasto del gobierno del señor Vizcarra ha sido -por decirlo menos- insuficiente. Así, Consulta Amigable del MEF advierte que en el Rubro “ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS” ^[5], el MINEDU ejecutó únicamente el 19.9% (PIM S/. 2,724,075,254), el MTC el 26.9% (PIM de S/. 10,156,480,871), el MINSA el 18.4% (PIM de S/. 958,827,880), y el MININTER el 24.7% (PIM de S/. 592,177,444). Mientras que -en el mismo rubro- el Poder Judicial ejecutó solamente el 17.7% (PIM de S/. 211,642,922), y el Ministerio Público el 19.3% (PIM de S/. 112,988,036).

Entonces, a la parálisis económica que sufre el país, alentada y sostenida por el señor Vizcarra, no basta la inversión privada en proyectos de infraestructura, sino que además la ejecución del gasto público -en este rubro- sea  eficiente y con celeridad. Amén de dejar atrás -y de una buena vez- la distracción y desgaste por la confrontación política con los demás poderes u organismos del Estado.

Como bien anotó el analista político Juan Paredes Castro “Resulta que la cruzada anticorrupción y la otra de reformas políticas de Vizcarra empiezan a mostrar su lado contradictorio y decepcionante: el de constituir más un espectáculo político y mediático ruidoso, arremolinándose sobre la cabeza de visibles opositores del régimen, que un proyecto político serio y responsable y una demostración palpable de pretender sanear la vida pública e institucional del país” ^[6].

Es momento que el señor Vizcarra -parafraseando a Sir Winston Churchill- se convierte en estadista al pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Fernando Valdivia Correa

Abogado

Cel. 945680439

http://fernandovaldiviacorrea.blogspot.com/

http://www.linkedin.com/pub/fernando-carlos-vinicio-valdivia-correa/5a/79b/a5b

Email: fvaldiviacorrea@hotmail.com

Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional

Egresado de la Maestría en Comportamiento Organizacional y de Recursos Humanos