Lunes 04 de mayo 2026 | Contáctenos
La alta comisión de la ONU para los derechos humanos está enviando un equipo a Chile para investigar las denuncias de abusos de los derechos humanos contra los manifestantes, en medio de una oleada de furiosas protestas callejeras por la desigualdad, la caída de los salarios y el aumento del costo de la educación y la atención médica.
"Habiendo monitoreado la crisis desde el principio, he decidido enviar una misión de verificación para examinar los informes de violaciones de derechos humanos en Chile", anunció en Twitter la alta comisionada y ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
Esta semana, Bachelet dijo que estaba "profundamente perturbada y entristecida de ver violencia, destrucción, muertes y lesiones en Chile".
Desde que estallaron los disturbios el 19 de octubre, las fuerzas militares y policiales de Carabineros han realizado 2.410 arrestos en todo el país, 200 de los cuales involucraron a menores, y 535 personas han resultado heridas, según la Comisión de Derechos Humanos de Chile, INDH.
El INDH confirmó que estaba compilando 55 casos legales relacionados con cinco homicidios y ocho casos de violencia sexual con agentes policiales y militares, que serán investigados por el ministerio público de Chile.
Se ha designado un fiscal especial para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en 13 distritos de Santiago.
Desde que una protesta estudiantil sobre los precios del metro se convirtió en un movimiento nacional contra el gobierno, se han realizado grandes manifestaciones pacíficas en todo el país.
Pero la respuesta del gobierno se ha centrado en gran medida en los esfuerzos para contener brotes de violencia y saqueos.
El presidente de centroderecha de Chile, Sebastián Piñera, ha sido objeto de intensas críticas por su respuesta a los disturbios, después de aparecer en televisión, flanqueado por comandantes militares, y anunció que Chile estaba "en guerra con un enemigo violento".
Piñera declaró el estado de emergencia en gran parte del país, declarando toques de queda nocturnos y desplegando tanques y tropas para calmar los peores disturbios que Chile ha enfrentado desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet.
Más tarde, el presidente cambió de táctica, eliminando los aumentos de los cargos del metro y aplazando un aumento del 9.2% en las tarifas de electricidad. Pero las medidas no lograron apaciguar a los manifestantes, que continuaron llegando a las calles exigiendo un cambio profundo en cómo funciona y se gobierna el país.
Nuevos enfrentamientos estallaron el jueves cuando los manifestantes que arrojaban piedras lucharon contra la policía disparando gases lacrimógenos y cañones de agua en Santiago y la ciudad portuaria de Valparaíso, mientras cientos de manifestantes se reunían en las plazas de la ciudad de todo el país.
El brazo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, un foro panregional, también anunció que se reunirá en Ecuador el 11 de noviembre para discutir las presuntas violaciones y solicitó al público y al gobierno chileno que aporten pruebas.
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