
El jueves por la noche, el jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que Bolivia tenía que esperar una auditoría por parte del bloque regional antes de declarar los resultados.
Los observadores de la OEA expresaron su preocupación por el cambio dramático del conteo, y la Unión Europea respaldó su evaluación de que se debe realizar una segunda ronda "para restaurar la confianza y garantizar el pleno respeto de la elección democrática del pueblo boliviano".
Pero Morales ha ignorado los llamamientos para una votación de segunda vuelta y ha rechazado las críticas sobre la legitimidad de las elecciones. También ha negado la intromisión en la votación, alegando que las acusaciones son parte de una campaña de oposición para sacarlo del poder.
El tribunal electoral también ha negado las afirmaciones de la oposición de que manipuló el conteo para ayudar a Morales a ganar.
Las protestas se han celebrado en todo el país desde el lunes, con oficinas incendiarias en Sucre y Potosí. El miércoles comenzó una huelga general, y Mesa instó a sus seguidores a continuar con las acciones de protesta.
Morales, quien llegó al poder en 2006, es una figura divisiva alabado por sus políticas sociales pero criticado por desafiar los límites del mandato presidencial. En un referéndum en 2016, los bolivianos rechazaron su sugerencia de deshacerse de los límites.
Pero su partido Movimiento por el Socialismo (Mas) llevó el asunto a la corte constitucional, que falló a favor del presidente, permitiéndole presentarse para un cuarto mandato.
Había ganado todos sus términos anteriores en la primera vuelta de las elecciones y su insistencia en presentarse nuevamente enfureció a muchos.