La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la acusación constitucional planteada contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión el viernes 10 de febrero.
La acusación aprobada se basó en el informe final elaborado por el congresista Diego Bazán (Avanza País), quien fue designado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la parlamentaria Lady Camones (Alianza para el Progreso). Se trata nada menos de la denuncia constitucional 307 presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el curso de octubre del año pasado.
La materia de la acusación está constituida por los casos referidos a la licitación irregular y posteriormente anulada del Puente Tarata. Además de negociados en Petroperú y en el Ministerio de Vivienda.
La votación a favor de la acusación de Pedro Castillo obtuvo 19 votos, mientras que 9 congresistas lo hicieron en contra y uno se abstuvo. Por su parte, la Comisión Permanente, con 28 votos a favor y uno en contra, acusó asimismo a los exministros Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Juan Silva (Transportes y Comunicaciones).