Cuando los acusadores son acusados

No solo en España se dan casos clamorosos de equívocos de la justicia o de la forma como los corruptos sientan en el banquillo a quienes luchan contra la corrupción. Lo que está sucediendo con el emblemático juez Baltazar Garzón en Madrid es increíble para quien conoce su trayectoria frente a la deshonestidad, las secuelas del franquismo y la violación de los derechos humanos. Garzón está pagando un precio altísimo por defender valores y principios.

La justicia al revés se da también en nuestros predios cuando los presuntos delincuentes logran empapelar a sus denunciantes presentando demandas que obligan a largas investigaciones mientras se pone en tela de juicio vidas y honras por una justicia que en general, aquí y allá, es muy parsimoniosa y permisiva con la credibilidad de los facinerosos.

Concretamente la Tercera Fiscalía Anticorrupción acaba de liberar de responsabilidad a esta escriba junto a la plana mayor de docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNFV. No damos nombres pero todos fuimos denunciados, no una sino varias veces y por las mismas espurias razones, ante diversas fiscalías, por una ex funcionaria que sin presentar pruebas nos difamó durante más de cinco años.

El Ministerio Público acumuló todas sus denuncias en la Fiscalía Anticorrupción la cual en acucioso, extenso y serio documento, escuchando y atendiendo durante más de año y medio a los imputados, declara que no existen razones para formalizar la denuncia penal y por tanto dispone su archivamiento.

Ocho docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política hemos recuperado tranquilidad y sido desagraviados por un Fiscal que nos ha dado la razón como antes nos la dieron el Colegio de Abogados de Lima y la Defensoría del Pueblo junto a diversas comisiones investigadoras en especial la designada por la Asamblea Nacional de Rectores que dio lugar a la intervención de la UNFV por razones de irrespeto a la Ley.

Este equipo de docentes cumplimos en el año 2007 con defender la Ley Universitaria infringida por una decana ilegal que desde ese puesto nos persiguió y maltrató atropellando prestigios y dignidades. No respetó a maestros que durante décadas han formado profesionales con autoridad ética para defender el Estado de Derecho. Enemiga de la Ley, obsesionada con arrasar toda respetabilidad en su propia Facultad, nos difamó en acto de barbarie que pudo afectar hasta un punto de no retorno a nuestra institución. Felizmente mantuvimos la fuerza moral para demostrar la verdad que hoy se ve confirmada por una Resolución Fiscal.

El fiscal Víctor Villegas Valera se tomó su tiempo y cumplió. Aunque no pudo evitar el gasto de tiempo y de recursos y menos aún la diatriba pública que nos afectó en los medios de comunicación, en especial a quienes ocupamos un cargo público. El daño de la difamación es siempre irreversible pero esta resolución fiscal emitida en justicia y con razón nos reconcilia con la legalidad. Y traemos el tema por respeto a la Universidad, a los docentes, trabajadores y alumnos, y a todos quienes nos apoyaron con su confianza y adhesión.

Gracias por ello.