¿Es tan difícil tener buenos profesores? (II)

Quizás el capítulo más dramático en la formación docente y luego en su desempeño profesional es la necesaria habilidad tecnológica del nuevo profesional en la educación. Téngase en cuenta que hay una dualidad de significado en el término tecnológico cuando se trata de la educación.

Uno de ellos corresponde a las tecnologías educativas habituales, cotidianas, que están más bien vinculadas a la didáctica y a la metodología que el profesor despliega en su relación con los educandos. El otro significado tiene una doble aplicación, pues en un primer tramo corresponde al conocimiento de lo que son las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) como el dominio que todo ciudadano de este tiempo debiera poseer, y en un segundo tramo reclama el manejo y aplicación de estas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los profesores.

Probablemente esto último hace la diferencia entre la educación que tenemos y la que quisiéramos tener. Y por tanto alude a los profesores, en tanto requiere penetrar en el espacio casi sagrado de su desempeño docente:  el aula. En consecuencia no sólo importa lo que el profesor sabe, sino cómo administra ese conocimiento, pues no se trata de una acumulación de datos que se “memorizan”, sino de tener habilidades concretas y mensurables, de poseer competencias evidentes y comportamientos que nos hagan saber que estamos formando personas capaces y probas.

Todo lo dicho fundamenta las razones por las cuales me parece muy importante y necesario lo que el Consejo Nacional de Educación –CNE- ha hecho saber recientemente a través de un Pronunciamiento. En él se ratifica en la necesidad de continuar, mejorando, la implementación de la Carrera Pública Magisterial –CPM-  por parte del Ministerio de Educación. Esta actitud no es nueva en el CNE, que ha sido tenaz y constante tanto en la defensa de la CPM como en su correcta aplicación.

El aspecto más áspero de la aplicación de la ley de la CPM está en la salida de los docentes que no aprueben sus evaluaciones luego de tres oportunidades. Cuando se argumenta que esto desalienta a los profesores surge la necesidad de señalar dos cosas. La primera corresponde al derecho que tienen los estudiantes de contar con buenos docentes; ellos no pueden seguir siendo las víctimas de todas las imperfecciones. La segunda apunta a identificar quién se encargará de la evaluación de esos docentes, para garantizar un proceso justo. Esto último hay que buscarlo y conseguirlo, pero oponerse es defender la mediocridad.

Nada ni nadie libra al Estado de sus responsabilidades. Por un lado tiene la obligación de revisar la forma cómo se vienen formando nuestros docentes, incluyendo –y tal vez en primer lugar- a los que se forman tan numerosa y libremente en las universidades (¿?). Y por cierto es al Estado y a nadie más a quien le toca preocuparse por la infraestructura escolar, el equipamiento, los materiales educativos y también las facilidades y recursos tecnológicos a los que se ha hecho referencia. No olvidemos tampoco que el Estado está integrado por el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales: regionales y locales.

La tarea educativa –creo que los sabemos bien- es delicada y los resultados suficientemente importantes como para no darnos cuenta que es muy difícil (e indispensable) tener buenos profesores. Es decir, maestros.