Presupuesto participativo, una burla: Pobre Caballo Cocha

Caballo Cocha es la capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, ubicada en la triple frontera con Colombia y Brasil, su alcalde junto con el de Requena, son los más fieles del presidente del Gobierno regional del departamento de Loreto; sin embargo en Caballo cocha no se ha programado inversión alguna para 2012, ni un sol. Alguien decía “Compadre que no jode a su compadre no es buen compadre”. Las autoridades elegidas por ignorancia y/o soberbia tienen como “un saludo a la bandera” al presupuesto participativo, ello incluye asambleas, actas, acuerdos, comités de vigilancia, su misma ley de creación y CCL/CCR.

Lamentablemente la ley de Presupuesto Participativo, así como su complemento de rendición de cuentas, carece de sanciones y penalidades para aquellas autoridades que las trasgreden. Sanciones como generar vacancia o destitución del cargo o subrogación  a autoridades y funcionarios según el caso, que incumplan acuerdos y compromisos o realicen las rendiciones de cuentas fuera de la capital provincial donde se concentra el mayor volumen de  inversión o la realizan  extemporáneamente son más que pertinentes. Las asambleas se realizan hasta en remotos poblados y  después de varios meses de vencido el semestre de evaluación. Las evaluaciones son para verificar logros, distorsiones, omisiones, fallas y adoptar oportunos correctivos. De qué sirve realizarlas  después de 4 o más meses de vencido el semestre?

La ley vigente es una buena intención para ser cumplida probablemente en países de alta vocación democrática, de servicio y cultura política de sus autoridades y no en espacios donde rigen ignorantes, autoritarios, egoístas y codiciosos caudillos.

Tan poco importante es el proceso, que los presidentes  de gobiernos regionales y alcaldes solo asisten a sus inauguraciones y aperturas. La formulación del Plan de Desarrollo Concertado, los Presupuestos participativos y las Asambleas de Rendición de Cuentas son los más importantes e ineludibles espacios de diálogo democrático entre autoridades y  administrados. En esos eventos se define respectivamente la visión de futuro, objetivos y estrategias para lograrlos, así como se aprueban los proyectos que la asamblea identifica y prioriza. Lamentablemente como no hay sanción, el caudillo local o departamental y sus funcionarios, son los que al final decide que ejecutar.  Eso sucedió con la importante obra del desagüe de Iquitos, nunca fue sustentado por el presidente, menos sancionado por la asamblea, igual el tren a Yurimaguas y otras brillantes ideas. Si así se hacían no tuvieran los cuestionamientos y controversias que ahora afloraron. Mientras lo priorizado por la Asamblea del Presupuesto participativo, no es presupuestado en los respectivos PIAs. Todo eso desalienta a la población y acrecienta la brecha de desconfianza y desamor hacia sus autoridades.

El presupuesto participativo, se realiza el ejercicio anterior a su ejecución, así el departamental de este año se discutió y sancionó en agosto de 2011 en la ciudad de Nauta, en ella fueron priorizados  dos proyectos para Caballo cocha; “Gestión de residuos sólidos” con 3.2 millones de N/S y “Construcción del Mercado de abastos” con 6 millones. Si las normas indican que los proyectos de los gobiernos regionales deben ser mayores a un millón, porque se incluyó en el PIA 2012  tantos proyectos de montos menores y de competencia municipal. Probablemente funcionarios de niveles intermedios se tomaron esa prerrogativa. Lo que justifica exista sanciones por el incumplimiento de lo que la asamblea aprueba.

Otra debilidad del presupuesto participativo, estriba en la ausencia de profesionales, gente pensante e idónea para discutir ideas e inversiones de alcance departamental y nacional; ello podría incluir a representantes de organismos e instituciones no gubernamentales, colegios profesionales, empresas, sindicatos e instituciones  públicas, universidades, representantes de partidos y movimientos políticos, por el contrario por falta de liderazgo,  capacidad de convocatoria, credibilidad y mutua desconfianza, el 80 por ciento de las asambleas, son representantes de pueblos jóvenes y el otro 20 son funcionarios y servidores públicos con limitada o sesgada visión y nimia  experiencia. Auditorio completamente manipulable y desconocedor de derechos y de gestión pública.

La realidad enseña que si de verdad se quiere trastocar esta anómala situación, no basta con el oficio de invitación que anualmente se cursa a los participantes, se requiere invitaciones presenciales y motivadoras encabezadas por las primeras autoridades. Eso generaría compromiso y daría relevancia a los eventos participativos. Además se requiere sinceramiento, verdadero propósito de enmienda y mucha humildad.