El otro perro muerto de Sendero

Nada más fácil que deberle una reparación civil al Estado Peruano. Esto lo demostró hace un par de semanas la Procuraduría Anticorrupción cuando denunció que los sentenciados de corrupción por los casos Fujimori-Montesinos solo habían cancelado el 0.7% del total de su deuda con el Estado (nada menos que mil millones de soles).

¿La razón principal del perro muerto? Resulta que las deudas estatales no son vinculantes con las privadas. Deber millones de soles por sentencias de corrupción no te impiden acceder a préstamos bancarios, afiliarte a una AFP, fundar tu propia empresa ni, mucho menos, te manda a Infocorp.

Un ejemplo es el ex vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano (67), quien abandonó la cárcel hace cuatro años. Solo ha cancelado 40 soles de los 600 mil que le debe al Estado, pero, según Infocorp, para las entidades financieras es una persona solvente. Está bajo la categoría de “Riesgo 2” (donde 1 es mejor pagador posible). Según la consultora, en marzo del año pasado accedió a una deuda de más de 5 mil soles, el cual viene amortizando religiosamente hasta a la fecha. Actualmente es un correcto pensionista de AFP Prima.

Otro caso es el de Luis Federico Salas (61), con sus tres años de prisión suspendida, fue elegido, nada menos que presidente regional de Huancavelica (2007-2010). En ese puesto ganaba por encima de los 10 mil soles mensuales. A pesar de ello, no se preocupó en abonar ni la quinta parte de su deuda con el Estado (ha pagado 150 mil de los tres millones de soles que debe). Desde febrero del 2011 es el Represente Legal y Gerente General de Secretariat Consultores Asociados, empresa que brinda servicios en asesoramiento empresarial.

En el caso de condenados por terrorismo la historia se repite: de la exorbitante suma de 3 mil 800 millones de soles que los miembros de las organizaciones terroristas le deben al Estado, casi nada se ha pagado.

Por ejemplo, Alfredo Crespo Bragayrac (65), abogado de Abimael Guzmán y cabeza visible del Movadef, solo ha cancelado 40 soles de los 30 mil que adeuda. Para las centrales de riesgo, Crespo ostenta la categoría de “Riesgo 1”, la mejor; es decir, ahora mismo puede ir a cualquier banco y acceder a un préstamo para comprarse una casa o un departamento.

Las soluciones

Existe ya un precedente para vincular pasivos intersectoriales. En el 2007 se publicó el Decreto Supremo 002-2007-JUS que estableció que las personas que no cumplían con la pensión por alimentos, ingresaban a una base de datos que sería enviada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, buscando que esta lista se asocie a la Central de Riesgos. Así, las entidades bancarias les negarían cualquier tipo de préstamo. Una medida similar podría aplicarse aquí.

Sin embargo, en varias ocasiones los abogados de los sentenciados han manifestado su interés por pagar sus deudas, pero muchos afirman que son montos impagables. En realidad, a ese argumento no le falta razón: el principal problema para las reparaciones civiles es que se emiten cifras—a veces exorbitantes— sin uniformidad entre sí, es decir, según lo que al juez le parezca.

Buscando solucionar  —o más bien “apurar”— estos pagos, el 24 de enero se publicó el Decreto Supremo 003-2012-JUS indicando que los sentenciados deben cancelar el total de sus reparaciones civiles antes de solicitar una reducción de pena vía beneficios penitenciarios. Pero aquí cabe una objeción: si la idea es que salen más rápido los que tienen más dinero, muchos sentenciados por narcotráfico estarían felices de que se aplique esta nueva estrategia.

El siguiente paso, ya anunciado por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría Anticorrupción, es declarar la ‘muerte civil’ a todos los excarcelados. Este homicidio económico consiste en el embargo de los bienes o la declaración de insolvencia ante el Indecopi y en la Superintendencia de Registros Públicos. Sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad: al etiquetárselos como malos pagadores, muchos de los condenados podrían declararse en quiebra y seguirían sin pagar.

Finalmente, la Procuraduría estudia homogeneizar los montos de reparaciones civiles, a fin se tenga un criterio único al momento de organizar y disponer las multas. Todos estos cambios no deben olvidar lo básico:  regular la forma y el plazo para cancelar la indemnización con el Estado a fin que devuelvan, por fin, lo que nos deben. Caballero, nomás.

La nota pertenece a la página web: http://www.infos.pe/2012/02/el-otro-perro-muerto-de-sendero-y-los-corruptos-2/