Desde hace algunas semanas según las encuestas el 80% de ciudadanos limeños desaprueba y el 16% aprueba la gestión de la alcaldesa de Lima Metropolitana Susana Villarán. La interpretación de estas cifras no es sencilla. Se puede afirmar, sin embargo, que tres serían los componentes principales de esta desaprobación.
Primero, seguramente el de mayor peso, es el resultado de la feroz campaña de demolición contra Susana Villarán que comenzó en la campaña electoral, se reforzó después del triunfo electoral, y se convirtió en un factor permanente a lo largo del primer año de gestión, todo el 2011. Factor ante el cual muchos guardaron silencio, en particular los partidos políticos.
Segundo, es reflejo de la actitud de los afectados por las acciones de la gestión municipal, entre ellos transportistas (microbuseros y taxistas), comerciantes informales, otros. Tercero, expresa también la actitud de quienes identificándose con las propuestas de la Confluencia Social que postuló a Susana Villarán, hoy están descontentos por las debilidades observadas.
Ante la tendencia creciente de desaprobación, la amenaza de “castigar” políticamente a Susana Villarán a través de la revocatoria fue lanzada a mediados del año pasado por el partido Solidaridad Nacional, con expreso aval del ex alcalde Castañeda, y como respuesta a las denuncias sobre el ya famoso caso COMUNICORE. Hoy, a inicios del 2012, un grupo de ciudadanos ha tomado la decisión de abrir el proceso para que esa amenaza se haga realidad, iniciando la recolección de firmas para solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se convoque a una consulta popular para someter a consideración de los electores esa anunciada revocatoria. El sentido común aconseja establecer una relación entre ambas cosas, y si no estuviesen vinculadas estaríamos asistiendo a un hecho por demás extraño.
Los promotores de la revocatoria entusiasmados con los índices de desaprobación señalados, han extendido la solicitud de revocatoria a los 21 Regidores de Fuerza Social, buscando un impacto político mayor. ¿Debemos revocar a la alcaldesa y a la mitad más uno de los regidores de Lima Metropolitana? Nuestra opinión es NO.
En principio reconocemos que la revocatoria es uno de los derechos de control social de los ciudadanos y es un mecanismo legal al que los ciudadanos pueden apelar. Pero para su aplicación debe evaluarse a profundidad el costo beneficio de revocar a una autoridad. Es muy diferente intentar revocar a un alcalde distrital de una población de 3000 habitantes y cuyas inversiones y políticas públicas en proceso de aplicación casi son inexistentes, a tratar de revocar a la alcaldesa y la mayoría de regidores de una ciudad con 9 millones de habitantes como Lima Metropolitana.
Es cierto que por las debilidades en la gestión aceptadas por Susana Villarán en su discurso por el aniversario de la ciudad de Lima, la gestión está lejos de ser excelente. Esto está fuera de toda duda. Pero también es cierto, que la gestión no es un desastre. Lima no está peor que hace un año, por el contrario, en varios aspectos está mejorando, en otros ya se ha trazado el norte a seguir, y se sigue construyendo obras que tanto reclama la gente.
Sin dejar de reconocer caso puntuales de ineficiencia, muchos consideramos que el balance al iniciarse el segundo año de gestión es aceptable y que tiene la perspectiva de mejorar, como por lo general ocurre en las gestiones de cuatro años. Parte de este balance positivo son los nuevos enfoques sobre el gobierno metropolitano, el reconocimiento de los derechos de participación ciudadana, el impulso de construcción de ciudadanía, la transparencia en la gestión pública, el fomento del “acuerdo por Lima”, la relación más fluido con los alcaldes distritales, y otros puntos.