La gota Challapalca

La fuga de 17 internos –considerados de alta peligrosidad– del penal de Challapalca, Puno, colma de piedras el zapato del gobierno en lo que a política penitenciaria se refiere, borra del imaginario popular el éxito de la captura de “Artemio” y coloca nuevamente el tema de la inseguridad ciudadana en la cima de las prioridades públicas.

En efecto, nada hay más cuestionable hasta la fecha en las tareas del Poder Ejecutivo que el desempeño del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), ente encargado de la administración de los centros de reclusión o de “readaptación social” como eufemísticamente se le llamó desde los años del gobierno militar 1968-1980, a despecho de su proceso evolutivo hacia verdaderas universidades del delito.

El Inpe ha ocupado las primeras planas de los diarios durante los últimos seis meses por otras fugas, requisas que confirman la coladera de drogas, celulares y un largo etcétera; también por los extraños privilegios de los que goza Antauro Humala, rubia incluida.

Nada de ello ha hablado bien hasta la fecha de esa institución, pese a los esfuerzos de su jefe José Luis Pérez Guadalupe por graficar claramente los problemas heredados en todos los ángulos del sistema penitenciario. Si cada uno de esos problemas da pie a un largo lloriqueo de Pérez Guadalupe y no son perceptibles las mejoras, toda la sapiencia y experiencia de dicho funcionario resultan más débiles que las finanzas de nuestros equipos de fútbol profesional.

Luego de la fuga de los delincuentes, se han pronunciado dos ex titulares del Inpe con acotaciones para tomar en cuenta. Wilfredo Pedraza sostiene que, en realidad, Challapalca nunca fue un penal de máxima seguridad como se dice. No cuenta con sistemas electrónicos de control y carece  del personal suficiente para controlar el área perimétrica. Esto pese a que se encuentra al interior del fuerte Inclán de la arma de Caballería del Ejército, a 4,600 metros sobre el nivel del mar y a 200 kilómetros de distancia de la ciudad de Puno.

Al respecto, solloza Pérez Guadalupe: el Inpe tiene un déficit de 3,000 agentes penitenciarios y con las justas ha conseguido para el año 2012 el estirón de su presupuesto que permitirá contratar sólo mil. Bajo esta premisa entonces, ningún penal considerado de máxima seguridad opera como tal.

Luego, la parlamentaria oficialista Rosa Mavila –jefa del Inpe en el gobierno aprista– señala que en el caso de la fuga de Challapalca ha fallado la “inteligencia penitenciaria”. Es decir, la acción preventiva mediante el seguimiento de las llamadas telefónicas, coordinaciones con las visitas, actos de corrupción a los mismos agentes y otros que hubieran impedido consumar el escape.

Eso es bueno preguntarse: ¿existe en realidad la llamada “inteligencia penitenciaria”? Sabiendo que los “marcas” y secuestradores son instruidos desde los mismos penales para cometer sus fechorías, ¿ha evolucionado el control de esa clase de contactos?

La fuga de Challapalca es la gota de agua que rebasa el vaso de la paciencia ciudadana sobre el libre accionar de la industria del delito y la condición de nuestros penales. No podemos alimentar más confianza en la forma como se está manejando esta temática desde el gobierno.