Durante doce años, Doe Run Perú operó en La Oroya arrojando las 24 horas del día humo tóxico cargado de dióxido de azufre, plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados. Según lo establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), la empresa estadounidense tuvo diez años para invertir en proyectos que disminuyeran los daños ambientales que el complejo metalúrgico pudiera originar en la ciudad de La Oroya.
Sin embargo, a lo largo de estos años, gobiernos anteriores concedieron a Doe Run Perú dos prórrogas que le permitieron postergar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y seguir operando el complejo metalúrgico. Siguió contaminando legalmente, y las consecuencias en el transcurso de los más de diez años, son los severos e irreversibles daños en la salud de niños y adultos, intoxicados por el plomo y otros gases tóxicos, con graves problemas respiratorios y con el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.
La iniciativa legislativa promovida por el congresista Casio Huaire, que ampliaría el PAMA a Doe Run Perú por tercera vez -que actualmente se encuentra en debate público- no tiene ningún acápite que haga referencia al derecho a la vida y de vivir en un entorno sano, el mismo monseñor Pedro Barreto, coordinador de la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín, manifestó su indignación y señaló que dicha iniciativa no tiene ningún atisbo de defensa de la vida y de la salud de la población, “la mesa ambiental está haciendo un estudio técnico, que coincide con la posición del Arzobispado en que el PAMA no puede darse, porque sería ir a una vida indigna para un peruano o peruana, y que beneficia únicamente a Doe Run", dijo.
Indicó además que el artículo 8 también le da opción a una nueva ampliación. "El comportamiento de esta empresa minera no es nuevo, siempre dice una cosa y después hace otra", señaló Barreto, al asegurar que el pedido de una exoneración de multas, tal como lo solicita el legislador Huaire, es un premio a una empresa irresponsable.