Sábado 18 de mayo 2024 | Contáctenos
La función social del Estado se cumple cuando un gobierno decide poner en práctica el Art. 1º de la Constitución Política: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. A ocho meses de gobierno, el tema de la inclusión social y el apoyo social productivo debe estar definido en forma estratégica y operativa.
El presidente Humala coincide con este precepto cuando declaró hace pocos meses: “Pasemos del asistencialismo al apoyo social productivo”. La frase es firme y clara. y marca el inicio del camino por el que debe atravesar el proceso de inclusión social a favor de la población en situación de pobreza y extrema pobreza.
El problema es que un jefe de Estado no puede tener el control de todo el gobierno. Con el correr del tiempo -como es lógico- va delegando y confiando la responsabilidad a sus ministros y colaboradores: la burocracia en sus diversos niveles. La inclusión social no se debe manejar a través de informes en el Consejo de Ministros. Debe haber una evaluación por resultados, a cargo de un Sistema de Información Gubernamental.
La función del poder que ejerce un jefe de Estado no es total ni siquiera en el Poder Ejecutivo. La causa es que existen instituciones con autonomía, sobre las cuales el poder se ejerce de manera relativa. Tampoco manda en los otros poderes del Estado ni en los gobiernos regionales ni locales. Son gajes del oficio democrático. Y la gestión se hace más difícil aún si no existe un control permanente y sistemático.
La idea es que el Estado pueda dejar el modelo de asistencialismo y se convierta en apoyo social productivo. Es decir, brindar trabajo para que pueda insertarse en el proceso de la producción. Este enfoque identifica dos problemas que el Ejecutivo tiene que resolver para que el programa tenga éxito a nivel nacional. El primero es que es difícil cambiar un modelo asistencial en productivo, si la normatividad en general es la misma que regula el sistema asistencialista.
Las políticas tienen que ser orientadas de manera transversal en su legislación y ejecución. Los procesos en el Estado pasan por una maraña de normas que reducen la velocidad y el impacto de los procedimientos, evacuando un resultado diferente a los objetivos y metas propuestas por las políticas del Estado. Esto es cosa de todos los días en el Sector Público.
En segundo lugar, los ejecutores de las acciones deben asumir el compromiso de realizar los objetivos conforme a las políticas del Estado y mantener una visión de conjunto para ejecutar la misión de realizar la inclusión con efecto permanente y sistemático, para lo cual debe tener la sostenibilidad que les permita mantenerse en un horizonte de largo plazo.
Puede resultar un fracaso la ejecución de proyectos de inclusión si se inspira en el ritmo y orientación del tristemente recordado modelo del PAIT, que sólo sirvió para gastar los recursos del Estado en acciones no productivas, con el vano propósito de dinamizar la economía del país. No olvidar que la temporalidad y el corto plazo no son políticas inclusivas.
En el caso que comentamos, los programas o proyectos que deban pasar por el SNIP, tiene que ser respaldado por una legislación que facilite la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública, con orientación productiva. El SNIP en el pasado quinquenio 2006- 2011 interactuó en medio de barreras casi infranqueables que impidieron no solo la elaboración, sino la sola idea de inversión productiva.
La ley, reglamento y directiva del SNIP se orientaron a impulsar los proyectos no productivos. Muchos proyectos fueron rechazados porque la metodología y normatividad del SNIP impedía aprobar proyectos de inversión pública productivos, salvo en ciertos casos que no podían aplicarse en la mayoría de regiones del país. Es que los proyectos productivos son más difíciles de concebir y ejecutar. Demandan más tiempo, dinero y esfuerzo burocrático.
El modelo de economía de mercado no permitía la función tuitiva del Estado para generar la inclusión socioeconómica. Así, anteriores gobiernos transformaron la lucha contra la pobreza en un simple programa de asistencia social, con apoyo económico limitado, asistencia técnica y capacitación, y muchos diplomas y ceremonias (¡Viva el presidente¡). Es hora de cambiar la gestión pública para la inclusión social productiva.
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