El Perú juzgado por la Corte Interamericana

Publicado en el diario “La Razón”, Lima, jueves 1 de marzo 2012, pag. 6

El Perú ya ha sido juzgado 27 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este año sumarán dos casos más: El de los Comandos Chavín de Huantar, y el de Mónica Feria Tinta (la “Juana de Arco del Siglo XX” como la llamó el juez brasilero Antonio Cancado, en la sentencia del caso “Penal Miguel Castro Castro”).

Los casos por los que el Perú ha comparecido en ese tribunal de la OEA, doce se refieren a peruanos y extranjeros vinculados al terrorismo, y cuatro más versan sobre la conducta estatal contra el terrorismo; cinco sobre problemas laborales y pensionarios; cinco sobre cuestiones políticas; uno por la represión policial.

El Perú podía tener un juez de su nacionalidad cuando se le juzgaba, pero por el nuevo reglamento vigente desde el 2009, ya no será posible. Eran los jueces ad hoc que el Estado estaba facultado para designar. Aunque no siempre se tuvieron jueces ad hoc en todos los casos. En el gobierno de Fujimori en cinco causas no hubo designación y en otra se nombraron hasta dos jueces ad hoc que no ejercieron por inoportunas renuncias. Durante el gobierno de Toledo en tres casos no hubo juez peruano, en otro hubo renuncia sin reemplazo.

El Perú tiene desde el 2003 un juez permanente, Diego García-Sayán, quien ha debido de conocer 14 casos peruanos, pero sólo ha participado en cuatro, ya que en nueve de los casos se ha excusado. En el decimocuarto caso peruano, sentenciado en marzo del 2011, García-Sayán ya no ha tenido que excusarse, gracias al nuevo reglamento que impide a los jueces conocer casos de su país de origen.

El caso “Cayara” lo ganó el Perú porque hizo respetar el plazo de prescripción, el juez ad hoc fue el buen recordado Manuel Aguirre Roca, y el agente defensor del Perú es hoy general del Ejército.

El caso “Neira Alegría y Otros” (Frontón I), fue el primer caso peruano ante Corte. El notario Orihuela Iberico fue el juez ad hoc, quien tuvo que soportar un clima de hostilidad irracional, que gracias al señorío que lo caracteriza pudo manejar prudencialmente la crisis, en bien de los intereses nacionales. El resultado respeta el fuero militar, no ordena enjuiciamientos en el fuero común contra los marinos que debelaron el motín armado senderista. Tengo el grato recuerdo de haber sido el primer agente del Perú ante la Corte Interamericana.

Percibo un fundado pesimismo sobre lo que sucederá con el caso Chavín de Huantar, debido a la ideología que contagia el sistema de derechos humanos, que deshonesta a la Corte y perjudica todo esfuerzo para confiar en su ponderación.

(*) Director Jurídico de UnoAmérica