El racismo hacia los pueblos amazónicos

Hace unos meses, quise averiguar cómo los limeños percibían a los indígenas amazónicos. Pasaba en un taxi ante el local de AIDESEP y vi que dos dirigentes tocaban la puerta.

-Señor -le pregunté al taxista -para usted dos personas como los que están al frente.

-Son choros, ¿no? -me interrumpió él.

En esos mismos días, unos indígenas achuares que habían venido a una reunión en el Ministerio del Ambiente fueron impedidos de ingresar a un chifa de San Borja porque la propietaria creyó que eran indigentes.

Bajos de estatura, de piel cobriza, ojos rasgados, cabello negro y lacio, los indígenas amazónicos suelen sufrir diversas formas de discriminación en Lima y las ciudades de la selva.

Sin embargo, la peor forma de racismo hacia ellos es la que practican las autoridades peruanas. El propio Presidente Alan García lo ha manifestado cuando sostiene que sus tierras son "de todos los peruanos", pretendiendo convertir a los nativos en usurpadores de sus propias tierras.  En los artículos que García publicó en el 2007 tildaba a los indígenas de ser los "perros del hortelano", responsables de la pobreza del Perú al impedir que grandes capitales ingresen a sus territorios ancestrales.

Desde la expedición de Francisco de Orellana, quien hacía torturar a los indígenas que hallaba a su paso para que confesaran donde se encontraba El Dorado, la mayor desgracia para los indígenas amazónicos ha sido la codicia que despiertan las riquezas existentes en sus tierras, sean reales o supuestas.

La Independencia de los países americanos no generó para los indígenas mayores beneficios: las élites criollas de Perú, Brasil, Colombia o Ecuador invocaban derechos territoriales sobre la Amazonía y negociaban límites nacionales sin ninguna consulta a sus habitantes ancestrales.

El Estado peruano no percibía a los indígenas amazónicos ni como ciudadanos ni como peruanos y adjudicaba "las tierras de Montaña" a quien quisiera,  menos a los propios indígenas. Con este respaldo legal, se produjo la ocupación de la Selva Central por los colonos europeos y, con el auge del caucho, miles de indígenas fueron capturados violentamente para trabajar como esclavos en las plantaciones de Arana, Fitzcarrald y otros individuos inescrupulosos.

Luego que las plantaciones de caucho decayeron, continuó promoviéndose la colonización indiscriminada de la Amazonía, quedando los indígenas confinados a territorios cada vez más pequeños.

Recién en 1974, el gobierno de Velasco promulgó la Ley de Comunidades Nativas e inició el proceso para titular sus tierras, aunque la actitud de los indígenas suele ser distinta del derecho occidental de propiedad: muchas veces son los nativos quienes sienten que pertenecen a la tierra.

Lamentablemente, para el actual gobierno, los títulos de propiedad parecen tener poco valor, pues se ha empeñado en otorgar masivamente concesiones a empresas petroleras o de gas sin ninguna consulta o información previa a los indígenas.  Las últimas concesiones fueron otorgadas hace pocos días, mientras se producían las actuales protestas.

Las normas aprobadas el año pasado agravan la situación.  Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1064, permite realizar actividades extractivas en las comunidades aunque lo rechacen los nativos, mediante la imposición de una servidumbre. Para los indígenas amazónicos resulta doloroso ver cómo el petróleo y el gas generan grandes ganancias para otros, mientras ellos sufren la contaminación, la pobreza y el abandono.

No es necesario ir muy lejos para imaginar algo diferente.  Los wampís que cruzan la frontera encuentran, en plena selva amazónica ecuatoriana, todo tipo de médicos especialistas y una infraestructura adecuada. El Perú es el país latinoamericano que invierte menos en la salud de su población indígena y este desinterés es, para nosotros, una de las muestras más fuertes de racismo. A nivel educativo, el actual gobierno ha generado una seria crisis, al impedir que muchos jóvenes indígenas puedan convertirse en profesores, obligándolos a rendir el mismo examen establecido para los estudiantes limeños, sin tomar en cuenta diferencias culturales o lingüísticas.

Resulta impresionante la contradicción entre las acciones reales del gobierno con el empeño que puso la delegación peruana ante las Naciones Unidas para promover la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, donde aparecen el respeto a los territorios tradicionales, la participación de los indígenas en las decisiones que les afecten y el cumplimiento de los derechos a la salud y a la educación.  Esos mismos puntos ya están presentes en el Convenio 169 de la OIT, que el Perú ratificó en 1993, pero que las autoridades actuales parecen desconocer totalmente, pese a que la OIT ha expresado varias veces su preocupación.

En la práctica pareciera que para el gobierno actual, los indígenas amazónicos o no existen o son un estorbo. Mientras algunos limeños, que jamás han padecido la exclusión que afecta a los nativos amazónicos, consideran que las movilizaciones indígenas son un acto contra el Estado, para mí son un clamor por ser reconocidos como ciudadanos peruanos, con los mismos derechos.