Me ha parecido excelente la entrevista de “El Comercio” a Armando Villanueva. Tiene interesantísimos matices autobiográficos. Delata mucha sinceridad y rehúye disimulos y eufemismos. Habla de Mantilla como un sacrificado y lo llama su amigo y compañero. Tiene la franqueza de condenar el asesinato del 15 de mayo de 1935 de Antonio Miro Quesada y de su cónyuge Da. María Laos por obra de un militante aprista, Carlos Steer Lafont. Llega a decir que la esposa actuó en un gesto heroico y valeroso al pretender conjurar al agresor con su cartera. Steer abrumado por su locura revolucionaria, se disparó en la boca; se salvó y vivió prisionero treinta años más. Haya de la Torre, siempre dijo que el partido había quedado herido por ese gesto de barbarie. Sibilinamente, Armando dice: “nosotros condenamos la violencia extrema que se produjo algunas veces, pero recordemos que fueron miles los apristas asesinados”. Desde 1932 hasta 1945.
Luego pasa a sostener que Fujimori cometió muchos errores. No podría precisar uno. Aún así dice: “Soy partidario de su indulto”. Ante un enfermo que ha sido Presidente de la República, cabe el indulto y recuerda el caso de D. Augusto B. Leguía que desde el 22 de agosto de 1930 estuvo en la penitenciaría de Lima. Enfermo, fue trasladado a la Clínica Americana donde los “humanistas” del civilismo le colocaron una bomba en su ventana. Lógicamente digo yo que Leguía debió ser indultado.
Nunca el Tribunal de Sanción Nacional lo condenó penalmente, solo sufrió un fallo civil de indemnización. Pero no hablemos del ayer. Hablemos de este momento. No debe haber indultos singulares. Debemos ir a una política de amnistía y gracia amplísimas. Hay que recomenzar. Lo he dicho mil veces. En 1945 luego de trece años de dictadura, se dio una ley de amnistía e indulto y las cárceles se vaciaron. Solo quedó en el panóptico Steer. ¿Cómo debemos lograr esas gracias?: por una ley y decretos que amnistíen --es decir, que borren el hecho y su pena-- e indulten --es decir, perdonen la pena--.
¿Qué es un delito político? Nos exponemos a redundancias. Tienen esa naturaleza los hechos violentos y no violentos perpetrados por razones ideológicas, democráticas o progresistas. Todo delito político es, generalmente, violento. Y cuando son violentos, se exige que no sean violatorios de los derechos humanos. Un genocidio, por ejemplo. O se exige que haya habido igualdad de armas con el vencido. Siguiendo estas reglas, podemos ampliar el pensamiento de Armando y propugnar que el Parlamento y el Poder Ejecutivo, dicten normas generales y particulares sobre esta temática. Estamos al lado de Armando.