Moralización a fondo para la gran transformación del Perú

INTRODUCCIÓN

La corrupción es un fenómeno social de orden político y económico que como el cáncer se expande a todo el organismo del Estado y de la sociedad peruana.

El Perú, como ningún otro país de América Latina, tiene mucha riqueza, variados recursos naturales, climas benignos y regiones de gran potencial económico, minero, agropecuario, turístico, folklórico e industrial, sin embargo no ha logrado todavía ubicarse en el justo sitial que le corresponde, tal vez porque por mucho tiempo fue encarnecido, vejado y explotado por gobiernos títeres del imperialismo y las dictaduras y por pandillas de malhechores, defraudadores, malversadores, coimeros y prevaricadores.

En la época de la colonia la ley se acataba pero no se cumplía. “En el Estado colonial los funcionarios reales eran convertidos en cuasi propietarios de los bienes que administraban a favor del Rey. El Clero, los miembros de la Inquisición y del Tribunal de comercio colonial, los poseedores de minas, los propietarios de inmuebles, los corregidores, consideraban que sus obligaciones públicas eran en realidad derechos privados” refiere Rudy Mendoza Palacios en “La corrupción en la historia del Perú”.

 “En el Virreinato, el poder de los conquistadores-encomenderos fue reemplazado por el del Virrey y los funcionarios”. En los inicios de la República los grupos dominantes utilizaron el Estado “para realizar una política paternalista caracterizada por la distribución de ventajas pecuniarias, sinecuras y privilegios”.

En el Perú actual sobran leyes a granel como para empapelar a toda una ciudad. La ley a veces se acata y a veces no se cumple, se aprueban leyes de la noche a la mañana sin un mayor estudio. Faltan autoridades con sólidos principios y valores éticos, con conciencia patriótica y altruista para pensar y actuar en función del bien común.

Ante esta lamentable situación, felizmente hay peruanos que no pierden todavía la esperanza y reclaman a una sola voz: Moralización a fondo en los poderes del Estado para lograr la gran transformación del Perú.

EL ORIGEN DE LA CORRUPCIÓN

“Fue en el informe Discurso y reflexiones Políticas en el Reyno del Perú, de Antonio de Ulloa, donde aparecen las primeras muestras de repudio contra la barbarie que se vivía durante aquellos años. Fue en este informe donde se habla de la corrupción de los corregidores que en la actualidad equivaldría al cargo de los Presidentes Regionales, fueron sus actos de abuso y genocidio, lo que provocó el levantamiento de Túpac Amaru II en 1780, sin embargo se sabe que jamás un Corregidor fue juzgado en los juicios de residencia que se aplicaba a todos los funcionarios del Rey de España” según refiere Anthony James Ramos Vargas(http://holismoplanetario.wordpress.com/2009/09/14/historia-de-la-corrupcion-en-el-peru)

La corrupción se acentuó en la época republicana del Perú, con el guano, el pago de la deuda de guerra, las licitaciones y concesiones de obras públicas. Pero ahora se ha vuelto casi común en las personas que manejan fondos públicos o fondos privados.

BASE LEGAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Son normas legales fundamentales para la lucha contra la corrupción: Constitución política del Perú, código penal, ley orgánica del poder judicial, ley orgánica del ministerio público, ley de normas generales de procedimientos administrativos y el reglamento de la oficina de control de la magistratura.

La Convención Interamericana contra la Corrupción (1997), que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades públicas, la estandarización de los contenidos a ser ubicados en los portales y los plazos para la adecuación de los portales de todas las entidades del Estado. Asimismo y el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, presentado el 23 de diciembre del 2008.

En el Perú el control  de la gestión gubernamental está cargo de la Contraloría General de la República. Y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se encarga del cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas del Estado

Hay convenios internacionales de los que el Perú es signatario: Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción,  Convención de la OCDE y Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.

La Defensoría Americana Contra la Corrupción (MESICIC) es un instrumento que permite a los Estados miembros de la OEA promover su implementación, dar seguimiento a los compromisos asumidos en ella y facilitar la realización de actividades de cooperación técnica. El MESICIC, con sede en la OEA, es un mecanismo intergubernamental que trata de actuar sobre una base consensual y de cooperación, garantiza una aplicación justa y un tratamiento igualitario entre los Estados miembros, y busca mantener siempre la confidencialidad y la transparencia de sus actividades.” (http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2006/julio/20/plan_nacional_corrupcion.pdf)

El 2 de julio de 2010, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción hizo posible la suscripción y firma del PACTO NACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN con la participación de representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos y organizaciones de la sociedad civil suscribieron dicho documento, teniendo como compromisos: realizar actividades que permitan mejorar los mecanismos de rendición de cuentas; fortalecer el sistema de contrataciones del Estado; consolidar el Estado constitucional y democrático de Derecho; cumplir la ley de Transparencia y Acceso a la información pública; promoción de valores y difusión de Códigos de Ética.

Los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (2006-2011)  aplicado durante el segundo gobierno de Alan García,  son los siguientes: Promover la creación de un sistema anticorrupción articulado y fortalecido;  institucionalizar en la administración pública la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción; disponer de una justicia anticorrupción moderna y eficaz;  promover prácticas y/o conductas anticorrupción en el sector empresarial; promover prácticas anticorrupción en los medios de comunicación;  lograr el compromiso de la sociedad para que fiscalice y participe activamente en la lucha contra la corrupción; y desarrollar esfuerzos concertados a nivel internacional en la lucha contra la corrupción nacional.

De acuerdo con el artículo 14° de la Constitución Política del Perú de 1993, los medios de comunicación deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural de los ciudadanos.

Y en el Plan Nacional contra la Corrupción en el Perú se señala que “La prensa libre constituye para la opinión pública, un importante agente mediador. Está en capacidad de poner al descubierto los casos de corrupción, documentarse al respecto y revelarlos a grandes sectores de la población. Ello por sí solo, constituye un poderoso medio para poner freno a la corrupción.”

MARCO CONCEPTUAL

El filósofo griego Aristóteles, hace más de dos mil quinientos años, en su obra  Política, definía la corrupción como un delito de los gobernantes «que se reparten entre sí la fortuna pública contra toda justicia».

Para el Banco Mundial la corrupción depende de tres factores: El nivel general de los servicios de beneficios públicos disponibles; el riesgo que existe en las transacciones corruptas; y el relativo poder de negociación del sobornante hacía el sobornado.

La Convención Interamericana Contra la Corrupción prevé que se considera acto de corrupción: “El requerimiento o la aceptación directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.

La corrupción se manifiesta, entre otros, a través del uso indebido, descontrolado e ilícito de los fondos públicos en beneficio particular, el  copamiento de cargos públicos como favores políticos, el hecho de apropiarse de recursos del Estado que son asignados para la atención de problemas y necesidades de la población.

ACTOS DE CORRUPCIÓN

La Comisión Interamericana Contra la Corrupción, considera como actos de corrupción: a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; b) el ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; c) la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; d) el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y, e) la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN

En el Perú el fenómeno de  la corrupción constituye  el principal  problema y desafío de los gobiernos. La pobreza y corrupción van de la mano. Hay relación entre el soborno y la precariedad económica; la presencia de un régimen autoritario y los bajos salarios pueden servir de base para posibles prácticas corruptas.

La corrupción se debe a muchas causas, entre ellas: el mal  funcionamiento del Estado, la carencia de una sólida  formación ética de dirigentes, funcionarios y autoridades, la carencia o la tardía  aplicación de normas jurídicas para su control y sanción, la debilidad en los mecanismos de control de la gestión pública y del sistema de administración de justicia, la modificación de leyes para favorecer a determinadas empresas privadas, entre otros.

Para Transparencia Internacional (TI) hay dos culpables: las élites políticas corruptas, y los empresarios e inversionistas corruptos.

CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN

Como producto de la corrupción el Perú pierde millones de soles cada año, se  posterga las posibilidades de su crecimiento y desarrollo integral, se precariza la prestación de los servicios básicos a la población, se  distorsiona la economía nacional con costos injustos e incremento de impuestos directos a la mayoría de la población y merma la confianza del pueblo en  la democracia organizada.

La corrupción bloquea la normal relación  entre Estado y Sociedad civil, pone en riesgo la vida de los ciudadanos por la existencia de mafias que son capaces de matar a las personas con tal de conseguir sus objetivos de acumular riqueza de manera fácil, y  priva al Estado de los necesarios recursos para la solución oportuna de sus problemas

La corrupción reproduce y consolida la exclusión política, la desigualdad  social, fortalece la vigencia de la impunidad, a la vez que deslegitima a las organizaciones políticas, devalúa la democracia, alienta la organización de un poder oculto en el Estado que viola todo principio ético y jurídico y erosiona la estructura y base moral de la institucionalidad democrática.

PROBLEMÁTICA

En el Plan Nacional contra la Corrupción de Perú se señala que “En la actualidad la fuerza que tienen los medios de comunicación y que para muchos representan el cuarto poder, es un medio poderoso a favor y en contra de la corrupción. Lo que pretendemos decir es que según la experiencia vivida, y según los procesos en curso los medios de comunicación pueden significar una herramienta valiosa o peligrosa en el camino de combate contra la corrupción, así lo demuestra la “compra” literal de muchas de las líneas editoriales que trabajaron “a favor de la red de corrupción de la década pasada.  Sobre la base de lo dicho lo cierto es que debemos apostar por una prensa honesta y veraz y en la utilización de la misma a favor de la sensibilización de las campañas anticorrupción”.

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la Integración y Cooperación (CELADIC)  refiere que la corrupción, la impunidad, la ausencia o la precariedad de un efectivo Estado de Derecho, con poco o ningún imperio de la ley y de la justicia, favorece un contexto de creciente degradación de los derechos humanos personales; aumenta en todos los aspectos de la vida cotidiana y social la inseguridad y el miedo de las personas y al mismo tiempo recrudecen distintas formas represivas por parte de las autoridades públicas junto con nuevas formas de violencia y de terrorismo.

De un rápido diagnóstico de la situación pasada y actual del Perú podemos observar que hay proliferación de lacras y vicios sociales, pandillas de malhechores asociados al narcoterrorismo y al contrabando, defraudadores, malversadores, coimeros, prevaricadores y mafiosos, que ocasionan serias pérdidas al fisco, que limitan, frustran o bloquean toda posibilidad de desarrollo humano integral.

En el Perú,  la corrupción e impunidad van de la mano. Hay conductas hamponescas, negocios turbios, cuantiosas sumas de dinero desaparecen de las arcas fiscales y se forman comisiones investigadoras que muy poco investigan y a las finales no llegan a nada. Los corruptos se protegen entre ellos para liberarse del  alcance de los tribunales. No faltan personas influyentes que posiblemente reciben jugosas comisiones para facilitar buenos negocios a inversores nacionales y extranjeros y para conseguir la aprobación de  leyes que les favorezcan.

La ciudadanía vive momentos de temor al saber que si denuncia algo pone en riesgo su vida y la de su familia. Las leyes no les amparan con todas las garantías del caso, para que de denunciantes no devengan en denunciados por el poder de la mafia.

Frente a esta lamentable situación no queda otro camino que seguir pensando en la necesidad imperiosa de una profunda revolución moral que reconstruya los sólidos cimientos morales de la nueva sociedad peruana.

Resulta que somos herederos de gobiernos sumisos al poder económico y fieles instrumentos de la oligarquía económica, financiera y militar, de gobiernos que hipotecaron a nuestros países a potencias imperialistas y que permitieron la expansión de la corrupción administrativa en los diferentes poderes del Estado.

 “El profesor Alfonso Quiroz de la City University of New York presentó en el 2009 su libro "Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Perú", en el que concluye que en el siglo XX hubo dos picos de máxima corrupción. Uno durante los años 20 y otro durante el gobierno de Alberto Fujimori. Es precisamente durante este último que determina que la corrupción equivalió al 50% del presupuesto del Estado y al 5 por ciento del PBI de cada año. Finalmente concluye que la corrupción a lo largo de la historia le ha costado a Perú la mitad de sus posibilidades de desarrollo” (http://www.forosperu.net/showthread.php?t=215117).

GOBERNANTES VIOLINISTAS

A estos  malos gobernantes se suman también dirigentes sindicales, líderes y políticos aparecidos en la undécima hora para cumplir religiosamente las consignas y recetas de los amos y señores del mundo. Y a todo esto hay que ponerle fin con un gobierno fuerte y verdaderamente moralizador. El Perú requiere de gobernantes que no practiquen la doble moral y menos aún la política del violinista: sostener el violín con la mano izquierda y tocarla con la derecha.

 La Sexta Encuesta Nacional sobre Corrupción de Pro Ética, realizada por IPSOS APOYO (agosto, 2010) refiere que el 80% de los peruanos calificaba de corrupto o muy corrupto al país. Desconfiaban del Congreso y de la PNP, pero creían en la Defensoría del Pueblo el 53 % de la población para luchar contra la corrupción. El 51 % de la población consideraba a la corrupción como el principal problema que enfrenta el Perú. Asimismo, el 56% opinaban que la corrupción de funcionarios y autoridades son el principal factor que impiden el desarrollo del país. El 39% creían en la Iglesia Católica y el 20% en la Fiscalía de la Nación. Pero lo preocupante es que casi un tercio de la población peruana no confiaba en ninguna institución democrática.

PERÚ 2009-2011: 10,659 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA MAYORÍA DE ELLOS SE DETECTÓ EN MUNICIPIOS Y MINISTERIOS.

El actual contralor de la República, Fuad Khoury, informó oportunamente a la prensa que los gobiernos locales, los ministerios y las universidades estatales concentran a la mayor parte de los 10,659 funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, detectados en las acciones de control entre los años 2009 y julio de 2011. De esta cantidad detalló que 4,039 pertenecen a gobiernos locales (38 %), 2,091 don de ministerios (20 %), 1,665 de universidades (16 %), 1,629 de empresas del Estado (15 %), 830 de gobiernos regionales (8 %), 250 de sociedades de beneficencia (2 %) y 155 de organismos autónomos (1 %)

Al hacer un balance de la labor desplegada en 2011 sostuvo que de esa cifra 8,222 funcionarios están involucrados en infracciones de tipo administrativo; mientras que 1,438 habrían incurrido en ilícitos penales y 9,290 en faltas de carácter civil. Khoury indicó, finalmente, que los principales ilícitos penales detectados son peculado, asociación incompatible, cohecho, malversación de fondos, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir (Diario Del País, Lima,11/01/2012).

Es lamentable que en el Perú paguen más impuestos los que perciben menores ingresos. No cesa el enriquecimiento ilícito, algunos partidos políticos no han podido librarse de la corrupción y del narcotráfico.

ALGUNOS CONGRESISTAS CORRUPTOS

Los medios de comunicación informaron oportunamente sobre  la existencia de denuncias en contra de algunos nuevos congresistas del Perú elegidos para el período 2011-2016  y que presuntamente habrían cometido faltas éticas (consignar datos falsos y ocultar información en su hoja de vida relativo con su desempeño laboral), presuntos delitos de conflicto de intereses (tener propiedades agrícolas e integrar la Comisión Agraria, ser administrador de una empresa de transportes e integrar la Comisión de Transportes del Parlamento, etc.), delito de tráfico de influencias, promoción de la minería informal, presentación de desbalance patrimonial, tienen posibles vínculos con el narcotráfico y el proxenetismo,  extracción ilegal de oro, defraudación tributaria,  transgresión de principios del Código de Ética Parlamentaria, agresión a reporteros de canales de televisión, no acreditar la procedencia del dinero  para financiar la construcción de propiedades inmuebles, entre otros.

Algunos congresistas ya  fueron sancionados  por la Comisión de Ética Parlamentaria de Perú, con suspensión en el ejercicio de sus funciones parlamentarias por tiempo determinado (1,2,3 y hasta 4 meses)  sin goce de haber, otros fueron derivados al Poder Judicial para que continúen las investigaciones o están en proceso de investigación de la Fiscalía.

Al concluir las investigaciones posiblemente resulte que no estuvieron todos los corruptos que deberían estar, ni fueron todos los que estuvieron. Pero el mal ejemplo de los “Padres de la Patria” ya es censurado por la opinión pública y el pueblo peruano.

CONCLUSIONES

Todos los gobiernos, desde los inicios de la República, ofrecieron erradicar la corrupción e inmoralidad, pero ninguno pudo cumplir a cabalidad sus objetivos y metas trazadas.

Los actos de corrupción se vieron estimulados por regímenes autoritarios, por la frágil institucionalidad democrática, por dispositivos legales hechos a medida de los grupos de poder económico, por  la falta de educación y de cultura ética de autoridades y electores, y por un poder judicial que no esta aún a la altura de su sagrada función y misión.

Los índices de corrupción en los poderes del Estado son muy altos y escalofriantes. En la lucha contra este mal seguimos el mal ejemplo del cangrejo: lentitud y marcha atrás.

Hay necesidad de contar con gobiernos moralizadores, que sean capaces de erradicar a pillos de cuello y corbata enquistados  en los poderes del Estado desde hace muchísimos años y finiquitar la tradicional concepción equivocada de creer que el Estado es el trampolín para las ambiciones y apetitos sensuales o el codiciado botín para repartirse entre quienes llegan al gobierno.

APROXIMACIONES A UNA PROPUESTA MORALIZADORA

Consciente de la necesidad de una política de moralización a fondo en todos los poderes del Estado, por una vida digna, libre y justa de todos los peruanos y para que no se confunda a los hombres honrados con los hombres pícaros, para que los corruptos e inmorales reciban las máximas sanciones y no sigan arrastrando a las personas rectas o a los demás a su sistema de la viveza criolla, me permito formular la siguiente propuesta moralizadora:

1.    La moralización debería efectuarse a fondo en todos los poderes del Estado, pero sin odio, rencor ni venganza,  sin complicidad con los grupos de poder económico y político, sin debilidad ni compadrazgo y con pruebas veraces.

2.    El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción (PNLCC)  debería ser considerado como política de Estado y no sólo de Gobierno, para garantizar la continuidad de la erradicación de la corrupción por los próximos gobiernos.

3.    En la lucha contra la corrupción se requiere además de la permanente cooperación internacional, la acción organizada de la población y la voluntad política de los gobiernos de turno.

4.    Los delitos de corrupción en agravio del Estado deberían ser sancionados con penalidad de cadena perpetua.

5.    Los partidos políticos y sindicatos deberían reorganizarse, renovar sus cuadros  de militantes y dirigentes periódicamente, e implementar mecanismos de control y de seguimiento del comportamiento de los mismos para evitar posibles vínculos con la corrupción e inmoralidad, el narcotráfico o el terrorismo.

6.    Las instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades deberían desarrollar una educación ética de calidad y fomentar la conciencia moral y moralizadora en los educandos y la población.

7.    Urge la organización de Frentes Cívicos y Éticos contra la Corrupción e Impunidad, con el fin de ir creando conciencia y mística moralizadora y recuperando progresivamente la credibilidad en la democracia, en la política y en el servicio público que presta el Estado.

8.    La Contraloría General de la República debería controlar de manera estricta, imparcial y permanente los gastos de las instituciones del Estado, las licitaciones, las obras públicas y los programas sociales de los gobiernos regionales y municipales, emitiendo informes periódicos publicados en Internet y en los medios de comunicación.

9.    Los gobiernos de turno deberían incrementar periódicamente las remuneraciones de empleados y funcionarios públicos, con el fin de evitar  el riesgo de que caigan fácilmente en casos de corrupción motivados por el salario injusto, devaluado y de hambre.

10.  El Congreso de la República debería aprobar leyes que determinen la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y fijen mayores requisitos, formación profesional y formación ética para aquellas personas que aspiran a ser autoridades, empleados, funcionarios, ministros de Estado y congresistas de la República.

11.  El Estado debería cobrar íntegramente las reparaciones civiles de los sentenciados por delitos de corrupción en un plazo corto, para que no devenga en cuenta incobrable cuando los condenados se apresuran en “desaparecer” sus bienes.