Expertos internacionales presentan experiencias de consulta previa

En el marco de la reglamentación de la Ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios del Perú, Ley N°29785, OXFAM busca colaborar con el proceso de implementación, presentando experiencias practicas, metodologías y herramientas que han sido útiles en otros países sobre el derecho a la consulta a pueblos indígenas en contextos de industrias extractivas. “Es así como estamos compartiendo la experiencia de consulta en proyectos de hidrocarburos de Bolivia y proyectos en minería del caso Australiano”, señaló Frank Boeren, Director Oxfam en el Perú en la presentación que dio OXFAM como aporte a la implementación de la Ley de consulta previa.

“En el Perú, Oxfam junto con sus aliados y contrapartes también han estado apoyando y participando en procesos de diálogo y consulta en asuntos de Industrias Extractivas como ha sido la experiencia de Tintaya y el asuntos gubernamentales como ha sido la experiencia de ordenanza regional de San Martin en materia de derecho a la consulta de los pueblos indígenas, sostuvo Javier de Aroca, coordinador regional del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam.

Abogado boliviano, Iván Bascopé advierte no caer en errores.

Iván Bascopé, presentó la experiencia de Bolivia, en la cual existe la legislación de hidrocarburos que reconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas del área directa del proyecto, y también a nivel Constitucional, re reconoce como población a consultar a las comunidades indígenas del area indirecta del proyecto. La experiencia de Bolivia nos plantea retos sobre la claridad técnica que se necesita para saber a quién consultar y como consultar. El proceso de consulta lo desarrolla directamente el gobierno central, a través del Ministerio de Hidrocarburos que tiene un area de gestión socioambiental y es un viceministro encargado de velar por el procedimiento. El proceso de consulta en materia de hidrocarburos se inicia con un acta de entendimiento entre las partes y termina con el acuerdo final, el proceso se da entre 2 a 3 meses y ha implicado para la experiencia boliviana muchos aprendizajes obtenidos al momento de operativizar los procesos de consulta. Ivan Bascope compartirá estas reflexiones y aprendizajes.

Agregó que el derecho a la consulta implica tomar en cuenta otros derechos, como beneficios, propiedad, impactos.

Bascopé dijo que hay que avizorar las falencias de una mala aplicación de la ley. Entre las lecciones aprendidas en Bolivia, menciona que la consulta previa debe orientarse a prevenir los daños e impactos medioambientales, que los pueblos indígenas deberían tener su propio protocolo de consulta y llegar a acuerdos antes de la consulta previa, que los funcionarios que lleven a cabo la consulta deberán respetar las formas tradicionales de participación y tomas de decisiones de los pueblos y que se les debe dar información adecuada y completa.

Recordó que Bolivia es un país primario exportador de gas e igualmente al Perú, varias zonas de su territorio están concesionadas a empresas extractivas. El sector más avanzado es hidrocarburos, mientras que el sector minero aun está en una etapa muy inicial, no cuenta con una normativa a favor del derecho a la consulta.

Uno de los casos donde Cejis ha participado en proceso de consulta es el de Charagua Norte, en Santa Cruz, en torno al proyecto de “Perforación Exploratoria de los Pozos Tajibo X-4, Aimiri X-1001 y Tacobo X-1003, Campos Tacobo y Tajibo del Bloque San Isidro”, donde se ejerció de manera efectiva la aplicación y el ejercicio del derecho a la consulta previa. La realización de la consulta al pueblo indígena guaraní constó de 7 fases de abril a noviembre del 2011. La comunidad logró que el Estado desarrolle el proceso, estableciendo mecanismos apropiados a su cultura, desarrollo y autodeterminación. Este caso marcó una ruta al Estado boliviano para desarrollar un proceso efectivo de consulta.

Bascopé dijo, además, que el equipo de funcionarios de parte del Estado que participe en la consulta deberá incorporar a ingenieros ambientales, antropólogos, sociólogos y comunicadores sociales que informen previamente a la población sobre  lo que se va debatir en la consulta. “El reglamento del proceso de consulta debe ser claro. Debería hacerse un inventario social, cultural y ambiental del pueblo indígena y a partir de ello hacer una ruta de etapas hasta firmar el acta del proceso final”, dijo.

Desde la experiencia Australiana, presentada por el abogado Mark Rumler:

El abogado australiano Rumler señaló que existen aprendizajes interesantes para el contexto peruano, como  la consideración de algunos mecanismos que permiten operativizar el derecho al consentimiento, uno de ellos referido a firma de acuerdo en la etapa de concesión por parte del  Consejo de Tierras, que representa a los pueblos indígenas. Las comunidades en el territorio norte de Australia tienen el derecho a dar o no su consentimiento en la etapa de concesión, y este resultado se mantiene y respeta con la firma de un acuerdo, que continua hasta las siguientes etapas de la actividad extractiva. Las compañías que operan en el territorio norte de Australia, aceptan el resultado del proceso de consulta y consentimiento. Estos procesos de consulta y consentimiento no hay ahuyentado las inversiones en industrias extractivas en el territorio norte de Australia. Según el experto, los mineros se han convertido en aliados y socios genuinos en los procesos de desarrollo.

Según Rumler, el elemento clave del  Consentimiento Previo en Australia es la existencia de un Consejo de Tierras que se forma para  determinar y expresar los deseos y opiniones de los pueblos aborígenes que viven en el área sujeta a una actividad extractiva. La función del Consejo de Tierras sería la de asistir a las poblaciones aborígenes para que puedan decidir sobre un proyecto de exploración o minero bajo el marco normativo.