Sábado 20 de abril 2024 | Contáctenos
En virtud del trigésimo aniversario de la guerra británico-argentina por la más que centenaria disputa por Islas Malvinas, medios de comunicación y personalidades de ambas naciones, y también de nuestro país, se han referido profusamente al diferendo. Estos últimos han planteado posiciones contrapuestas respecto a las razones que habrían llevado a Chile a apoyar a nuestro vecino en su demanda soberana por ese territorio insular. Si bien el canciller Alfredo Moreno señaló en una entrevista reciente que "Chile en forma permanente, sin cambio alguno a lo largo del tiempo, ha apoyado la reclamación de soberanía argentina y ha llamado a que ésta sea resuelta en una negociación bilateral entre ambos países", hay quienes manifiestan que nuestro apoyo, lejos de deberse a una causa justa, se fundaría en motivaciones pragmáticas para mantener una buena relación vecinal.
Sostener esto último implica poner en duda las razones de una política basada en fundamentos jurídicos, y no solamente en motivaciones pragmáticas. Como es sabido, tras su independencia Argentina -hasta entonces "Provincias Unidas del Río de la Plata"- pasó a poseer, en razón del principio del "Uti Possidetis Juris", los territorios que como "Virreinato de la Plata", se encontraban en poder de la metrópoli, y que evidentemente comprendían las islas situadas enfrente, a menos de 500 kms. de sus costas. Tomó posesión de ellas en 1820 y las pobló, situación que se mantuvo hasta 1833, cuando fueron expulsados por los británicos, quienes han permanecido allí hasta la fecha. Argentina nunca aceptó el nuevo estado de cosas.
El Uti Possidetis fue reconocido por Chile y Argentina en el Tratado de 1855, recogido por S.M. Británica en el Laudo sobre el Beagle y aplicado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso que enfrentó a El Salvador y Honduras en 1995.
El apoyo nacional constante y uniforme a la causa argentina, y a la necesidad de buscar una solución pacífica y negociada, puede encontrarse en diversas declaraciones bilaterales y votaciones en textos internacionales y regionales. Desde que Naciones Unidas emitió la Declaración 1514 de 1960 "Concesión de Independencia a los países y Pueblos Coloniales", que abrió la posibilidad de una solución a base de negociaciones, hasta hoy Chile ha sostenido la misma política.
Ello consta en el apoyo a la resolución 2065 de 1965, que reconoció la disputa; a la 3149 de 1976, que instó a las partes a abstenerse de adoptar medidas que modifiquen unilateralmente la situación, y otras largo de mencionar. Pero no es posible omitir nuestro claro apoyo a los legítimos derechos argentinos en el ámbito regional (Unasur, Mercosur, Celac), y la activa labor en al Comité de Descolonización, donde presentamos el año pasado la resolución "La cuestión de las Malvinas".
Las restricciones impuestas para que naves militares británicas provenientes de Malvinas recalen en Punta Arenas, y la decisión de no autorizar la recalada de buques con bandera malvinense en nuestros puertos, son manifestaciones de esa política que, lejos de responder a motivaciones prácticas o interesadas, constituyen un claro apoyo a una causa que consideramos legítima.
Este respaldo constante puede encontrarse en diversas declaraciones bilaterales y votaciones en textos internacionales y regionales.
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