Por un nuevo pacto minero

1.- El Gobierno de Ollanta Humala Tasso, ha promulgado entre el 12 de febrero y el 4 de marzo del 2012, 5 Decretos Legislativos, “para combatir la minería ilegal y obligarla a formalizarse”, 1099, 1100, 1101, 1102 y 1103, en el marco de la Ley 29815, promulgada el 22 de diciembre del 2011, por la cual el Congreso de la República, delega en el Poder Ejecutivo, por un plazo de 120 días calendario, que debe vencer en el mes de abril del 2012, la facultad de legislar en materia de “Minería ilegal”, incluyendo la interdicción en contra de sus actividades.

El 1099, era específico para la región Puno, determinaba que las “actividades mineras, que se ejecuten sin contar con la autorización de inicio o reinicio de operación minera, otorgada por autoridad competente”, serán consideradas como ilegales y serán materia de interdicción, es decir que sus maquinarias, bienes, equipos e insumos serán decomisadas, las que, serán puestas a disposición del Gobierno Regional de Puno.

De no ser posible el decomiso, por razones diversas, se determina la destrucción o demolición de bienes, maquinaria y equipos, que utilicen los mineros considerados como ilegales.

El 1100, repite los mismos criterios, pero ya no solo para la región de Puno, sino que los hace extensivos a todo el país, determinando en un anexo las Zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre de Dios.

El 1101, establece las Entidades de Fiscalización Ambiental, las que deberán identificar a los administrados sujetos a fiscalización, estableciendo procedimientos sancionadores, y fija multas y otras sanciones.

El 1102, incorpora al Código Penal, los delitos de “minería ilegal”, estableciendo penas de cárcel no menores a 4 ni mayores a 8 años, a quienes realicen actividades mineras ilegales, y para situaciones agravadas penas no menores a 8 ni mayores de 10 años, de carcelería, y otras penas de cárcel para quienes financien o siendo funcionarios otorguen concesiones en forma ilegal.

Finalmente el 1003, establece medidas de control y fiscalización, en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan utilizarse en la minería ilegal, combustibles, mercurio, cianuros, etc.

2.- Los mineros que se han considerado afectados, han convocado a partir del lunes 12 de marzo, una serie de movilizaciones, incluyendo paros, huelgas, tomas de carreteras y movilizaciones, en varias regiones del país, empezando por las que tienen mayores actividades a las que los decretos legislativos mencionados califican de “ilegales”.

Entre, las regiones afectadas, están las de Madre de Dios, Puno, Arequipa, Cusco, Piura, La Libertad, Ancash, etc.

El Presidente Ollanta Humala, ha declarado que se “tomará el toro por las astas” para combatir a la “minería ilegal” a la que a su vez la primera dama Nadine Heredia la ha calificado de “flagelo nacional”.

El miércoles 14 se produjeron enfrenamientos en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, entre mineros huelguistas y policías, con el trágico saldo de 3 muertos y decenas de heridos, cuando se dice intentaban tomar el aeropuerto y el puente “Continental” (antes Billingurst), en Puno se bloqueo la carretera Puno, Juliaca, mientras en otras regiones del país, se bloqueaban carreteras y puentes.

3.- La minería informal o ilegal, es expresión de la debilidad o ausencia del estado peruano, en muchas zonas, o áreas territoriales del país, entre ellas las de la Región de Puno, por lo que esperar que los problemas de la contaminación y los conexos, se van a resolver, con normas legales, que dispongan la interdicción o represión de la minería informal, es un error de concepción.

La sola interdicción, corre el riesgo de agravar los problemas, que se origina de las actividades mineras, en lugar de resolverlos.

En toda relación bilateral o multilateral, se establecen vínculos de reciprocidad, en la cada parte da y también recibe, por lo tanto en la relación estado con la ciudadanía, mientras que los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, debemos recibir servicios por parte del estado.

Asimismo en toda relación, quien debe empezar con cumplir con sus obligaciones, es la parte más fuerte o menos débil, en este caso el estado, quien debe hacer presencia en todo el territorio nacional, en especial en las zonas de actividad minera informal, después de ello será más fácil y viable la formalización de los mineros “informales”.

4.- Enfrentar con los mencionados Decretos Legislativos, es recurrir a la fuerza, a la interdicción pura, y dejar a un tercer o cuarto plano el diálogo y la búsqueda del consenso político, lo que nos planteara la pregunta, si es que es una búsqueda consiente de un deterioro del sistema político que nos lleve a una actual coyuntura política, parecida, a la previa del auto golpe de estado del 5 de abril de 1992, donde cerca a un tercio de los 130 congresistas, están cuestionados por la presunta comisión de delitos antes de ser elegidos, que se suman a los escándalos del congresista y segundo vice presidente de la República, Omar Chehade, la supuesta cárcel dorada de Antauro Humala, hermano del Presidente de la República.

En ambas ocasiones, hay un manifiesto desprestigio del sistema democrático, de los partidos políticos, del Congreso de la República y de sus integrantes, además de la ya endémica desconfianza en el Poder Judicial.

Ambos presidentes de la República, en ejercicio, no tienen, un partido político sólido que respalde su gestión, las alianzas políticas, no son fuertes por las mutuas desconfianzas, y no hacen esfuerzos significativos de construir sus partidos, ni tampoco hacen mucho por resolver las contradicciones.

Es necesario que el Presidente Ollanta Humala, deje explícitas las diferencias, y su no voluntad de cerrar el Congreso de la República, ir a un golpe de estado y debilitar más nuestra democracia.