Políticas integrales para frenar la minería ilegal e informal en nuestro país

La Red Muqui en los últimos meses viene planteando la imperiosa necesidad de que el gobierno asuma el compromiso de sacar adelante una agenda mínima que promueva cambios en las políticas, en la normatividad y en el marco institucional de la gestión ambiental y minera. De tal manera, que sea posible en el corto plazo prevenir los conflictos socio ambientales, atender las demandas sociales frente a los impactos negativos de la actividad minera y, regular y reorientar la industria minera  hacia un nuevo rol en el desarrollo del país.

Uno de los ocho puntos de lo que la Red Muqui denomina LA AGENDA PENDIENTE -presentada en diciembre del año pasado- hace referencia precisamente a la urgente necesidad de enfrentar la expansión de la minería ilegal e informal con la implementación de políticas integrales. Hoy, en el contexto de la reciente promulgación de normas orientadas  a la erradicación de la minería ilegal y, frente al nuevo escenario de conflictos relacionados con este sector, la Red Muqui pone de manifiesto lo siguiente:

1. La minería ilegal e informal, tanto artesanal como de pequeños productores, se caracteriza por su  expansión acelerada en varias regiones del país, debido a la ausencia del Estado, a la falta de oportunidades de trabajo y de ingresos, así como a los altos precios internacionales del oro. En muchos casos, poderosos intereses económicos alientan esta situación con el fin de sacar provecho de la informalidad. Esta situación ha generado graves impactos sociales y ambientales como la explotación del trabajo infantil, trata de personas, problemas de salud pública, contaminación de fuentes de agua y degradación de ecosistemas. En consecuencia, la minería ilegal e informal constituyen otra fuente de conflictos socioambientales, que no está siendo adecuadamente tratada por el Estado.

2. La normatividad sólo referida a la penalización, erradicación y fiscalización es insuficiente y puede ser ineficaz para avanzar en la solución de este problema. La complejidad de la minería ilegal e informal debe ser atendida integralmente por el Estado con la finalidad de frenar su expansión; regularla cuando la actividad minera sea posible y cuando no sea así de  reorientar la participación de los pequeños productores y trabajadores ilegales, hacia oportunidades de producción y empleo alternativas. Esto, con base en la identificación y reconocimiento de sus agendas legítimas.

3. En este marco es necesario y urgente adoptar medidas como:

· Revisar las concesiones para minería a pequeña escala a fin de identificar aquéllas que se superponen sobre otros derechos de uso (concesiones agrícolas, forestales y/o de turismo) y determinar el cese del derecho minero otorgado en Áreas Naturales Protegidas y en otros territorios con restricción de actividades extractivas.

· Priorizar e impulsar los procesos de ordenamiento territorial participativos en aquellas provincias donde se tiene identificada la realización de la minería a pequeña escala, contando para ello con el liderazgo de los gobiernos regionales y locales. De esta manera, se podrá determinar dónde es posible realizar minería a pequeña escala y dónde no.

· Implementar efectivamente el Plan Nacional de Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, actualmente descuidado por el Estado, asegurando que las instituciones cuenten con recursos técnicos y financieros y garantizando además, la implementación de sistemas ágiles y adecuados que permitan a los mineros informales ajustar sus operaciones en los aspectos legales, técnicos, de seguridad, salud ocupacional y de protección ambiental.

· Garantizar apoyo técnico a los mineros de pequeña escala para que, como parte de su proceso de formalización en zonas autorizadas, incorporen tecnologías limpias a sus prácticas productivas, de tal manera que permitan incrementar su rentabilidad y erradicar el uso del cianuro y del mercurio. Esto último como parte de una campaña nacional de prohibición del uso del cianuro y el mercurio en la actividad minera.

· En aquellos lugares donde los mineros ilegales deben ser retirados, apoyar la reconversión económica y laboral de los productores y de los trabajadores respectivamente, a través de un programa intersectorial que ponga énfasis en estrategias de desarrollo rural. La minería informal a pequeña escala es una actividad de sobrevivencia; en consecuencia, su tratamiento exige la implementación de programas sociales y de diversificación productiva que generen oportunidades y condiciones para una vida digna.

· Dentro de una estrategia intersectorial y desde el Estado, desarrollar acciones de erradicación del trabajo infantil y adolescente en minería, así como de la explotación sexual infantil y adulta. Del mismo modo, adoptar medidas que garanticen el trabajo digno y la protección a toda la población vulnerable.

· Fortalecer a los gobiernos regionales para un efectivo ejercicio de sus funciones de regulación y fiscalización. Esto significa el relanzamiento del Programa de Apoyo a los Gobiernos Regionales (APOGORE), de tal manera que el Estado  asegure las condiciones básicas para su implementación. En este sentido, es clave que el  gobierno central, a través del MEF, facilite y viabilice la ejecución de proyectos para reducir la minería ilegal e informal en sus territorios.

· Erradicar el “mercado negro” que interviene detrás de la minería ilegal e informal,  identificando y penalizando a los financiadores y a los operadores, proveedores de insumos, que intervienen en la cadena de producción y a los acopiadores e intermediarios que comercializan el oro.

· Fiscalizar la comercialización del oro desde la demanda, introduciendo un sello de calidad ambiental, evitando de este modo que su producción en condiciones ilegales entre a los circuitos legales de la compra y venta del oro.

· Incorporar, como requisito para la autorización de la actividad minera a pequeña escala, los estudios ambientales territoriales, como base para implementar los Planes de Manejo y Adecuación Ambiental.  Los estudios deben ser realizados por el Ministerio de Energía y Minas y los planes cofinanciados tanto por los pequeños productores mineros y mineros artesanales, como por el gobierno central.

· Implementar programas de recuperación ambiental de las zonas degradadas por la actividad minera informal, con responsabilidad central del Estado y contando con la participación de los mineros artesanales y pequeños productores.

Ante los lamentables hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas en la ciudad de Puerto Maldonado, reafirmamos nuestra exigencia en el uso de las formas democráticas para el tratamiento de los conflictos socioambientales. La postergación del diálogo no hace sino trabar la solución de las demandas sociales. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el respeto por los derechos humanos mientras que las organizaciones de los mineros tienen la tarea de encauzar sus demandas a través de los canales democráticos que amparan las leyes del país.