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Lunes 26 de marzo 2012

Jueza argentina investigará abusos de derechos humanos de la dictadura del Gral. Franco en España

La petición viene después de que activistas de derechos humanos llevaron el caso a la Argentina, indicando que los tribunales españoles estaban cerrados para ellos.
Jueza argentina  investigará abusos de derechos humanos de la dictadura del Gral. Franco en España
Foto: laradiodelsur.com

En un cambio total de papeles, una juez argentina ha dado un paso hacia la apertura de la primera investigación intensiva sobre los abusos de derechos humanos de la dictadura del General Franco en España.

La jueza María Servini ha pedido a España para que declare si los propios tribunales están investigando los casos de tortura, asesinato y desaparición de opositores de Franco.

Si las leyes de amnistía impiden que los tribunales españoles ayuden a investigar los casos citados por la jueza Servini, que datan de 1936 hasta la muerte del dictador en 1975, entonces ella podría declarar su propia corte competente para investigar los crímenes cometidos por los partidarios de Franco.

En una petición formal a España, la jueza Servini dijo que el tribunal investigue las denuncias de genocidio, incluyendo decenas de miles de casos de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y el robo de los niños.

Su petición refleja las ya realizadas en los últimos doce años por los tribunales españoles que, utilizando el derecho internacional de los crímenes de derechos humanos para ser investigados y juzgados en otra parte si un país no puede hacerlo por sí mismo, se han presentado casos en contra de varios regímenes militares en América Latina.

El magistrado español Baltasar Garzón, famoso por utilizar este proceso para ordenar la detención de Augusto Pinochet de Chile en Londres en 1998. En ese caso, un tribunal ingles dictaminó el ex dictador debe ser extraditado para ser juzgado en España, aunque el ministro del Interior, Jack Straw, lo envió finalmente a Chile.

La petición de la jueza Servini a España viene después de que activistas de derechos humanos llevaron el caso a la Argentina, indicando que los tribunales españoles estaban cerrados para ellos.

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