Miércoles 17 de junio 2026 | Contáctenos
Gobernar con autoridad democrática para cumplir con la función social del Estado es una misión difícil para el Gobierno. Se comprende aunque no se justifica que los gobiernos anteriores optaran por dejar que las leyes de la economía del mercado lo hicieran todo, para dedicarse a administrar el crecimiento. “Dejar hacer, dejar pasar” (laissez faire), al viejo estilo liberal. Y cuando había conflictos mandaban a la PNP a defender o atacar.
Más de 200 conflictos sociales que se manifiestan en estos días en el Perú no se incubaron de la noche a la mañana. Nacieron, crecieron y no dejaron de existir desde inicios de la década pasada. En la actualidad los conflictos se expresan con libertad y libertinaje, porque los actores sociales consideran que la solución es factible con el diálogo o con la violencia. Pero esta praxis no hace sino afectar la gobernabilidad.
El hecho se explica a raíz de que el Estado como institución jurídica ha demostrado desde hace muchas décadas que no tiene mecanismos eficientes de mediación para concertar al gobierno con el pueblo. El mismo nombre de “Oficina de gestión de conflictos sociales” es producto del concepto fronterizo que tuvieron algunas autoridades sobre las funciones que debe cumplir este organismo. El nombre más apropiado es Oficina de acuerdos sociales.
En reciente exposición el Defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna ha señalado una serie de problemas que enfrenta el Estado cuando trata de resolver conflictos sociales que ha recibido como herencia de otros gobiernos. Las “bombas de tiempo” son necesidades y aspiraciones insatisfechas que se han ido agravando en la medida que los involucrados no recibían una respuesta satisfactoria de las autoridades, que bailaban alegremente en horas de trabajo tomando cerveza frente a las cámaras de TV.
Sin perjuicio de que la Defensoría del Pueblo recomiende mejorar la especialización y el equipamiento con armas no letales de la Policía Nacional para intervenir en conflictos sociales, el Perú es testigo de que los efectivos policiales no tienen una formación adecuada para resolver conflictos sociales. A veces, las decisiones tomadas en el escenario del conflicto no han hecho más que agravar la situación de violencia.
El marco legal tiene que ser reformado en su conjunto. No se le puede exigir a un policía que se convierta en un mediador de conflictos si no tiene la protección legal que le permita una defensa contra excesos y defectos en el cumplimiento de sus funciones. Es obvio que la PNP no debe estar en la cuerda floja, a la espera que se rompa por el lado más débil. Y ningún compatriota debe estar sujeto a recibir un balazo como respuesta. Errar es humano pero corregir es divino.
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