Miércoles 08 de mayo 2024 | Contáctenos
Con la reducción de tensiones sobre el tema, me atrevo a comentar respecto al programa “Gestores para el Desarrollo Local” que aprobó la Mesa Directiva del Congreso y que ante la protesta generalizada se vio precisada a cancelarlo.
El programa al que nos referimos, tuvo como finalidad ayudar en la función de representación de los parlamentarios, recopilar información de las poblaciones de menores recursos, identificar sus necesidades y problemas, así como los focos de conflictos sociales, a la vez que fiscalizar el cumplimiento de metas gubernamentales.
Sin dudar de la buena intención del Presidente del Parlamento y de quienes lo secundan en la Mesa Directiva, el tema trasciende a la mala ejecución del programa, que lejos de ayudar en la solución de conflictos, los estimuló, perjudicando al Gobierno del que es afín el Presidente del Congreso. Más aún, el mayor cuestionamiento al programa es la invasión de las atribuciones del Ejecutivo por el Legislativo.
La Constitución determina que el Estado es uno e indivisible y se organiza según el principio de separación de poderes, por lo que tenemos el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, sin olvidar a otros organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.
La línea limítrofe de sus competencias en algunos casos es tenue, tan es así que siendo el Poder Legislativo el llamado a aprobar las leyes, es el Ejecutivo quien más normas sanciona. Entre las funciones del Parlamento, en adición a la legiferante se encuentra la atribución de fiscalización y la de representación, y por esta última los congresistas que representan a la Nación tienen la facultad de informarse sobre el acontecer, los problemas existentes y la búsqueda de soluciones.
La Mesa Directiva del Congreso al crear el programa aludido invadió o usurpó funciones del Ejecutivo en sus responsabilidades de gobierno y de administración, además de, queriéndolo o no, fomentar el clientelismo político con la contratación de los famosos “gestores”.
El asunto tiene más bemoles que los enunciados, pues el Presupuesto del Congreso no había considerado al mencionado programa ni a los gestores.
El Presupuesto del Congreso se aprueba por la Mesa Directiva, la que lo eleva al Pleno del Congreso para que sea sancionado, como que lo fue, pero sin los gestores. Como quiera que el Pleno del Congreso no aprobó modificación de su Presupuesto para el año 2012, con la incorporación del programa de los gestores, se estaría transgrediendo la Ley del Presupuesto con el agravante que ello podría ser tipificado como delito de malversación de bienes públicos, al darse al dinero proveniente del erario nacional un fin distinto del que fue previsto presupuestariamente.
Acordémonos que como dice antiguo aforismo, con buenas intenciones está empedrado el infierno, pero también lo pueden estar los establecimientos penitenciarios por falta de cuidado en las decisiones de los agentes del Estado, por más buena fé y elevadas intenciones que los adornen.
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