La dimensión jurídica del golpe del 5 de abril ha sido discutida ampliamente, y básicamente se resume en dos posiciones:
a) Los que dicen que en ninguna circunstancia se justifica una intervención militar sobre el poder que imponga los puntos de vista de un sector, cualquiera sean sus razones, y que el sistema debe ser fiel a sus propios mecanismos para corregirse;
b) Los que afirman que hay situaciones que hacen “necesaria” una acción “de excepción” para desbloquear los procesos, cuando las fuerzas políticas se neutralizan entre sí y hay un alto grado de descomposición en la conducción del Estado.
Una encuesta reciente ha recogido esta segunda perspectiva según la cual el marco constitucional se puede romper “por necesidad”, y que mantenerse dentro de la regla del sistema equivaldría a prolongar la crisis indefinidamente.
Hay quienes han contestado justamente que las razones de necesidad esgrimidas por el Fujimorismo no fueron nunca verdaderas: que el Congreso frenaba al Ejecutivo en el tema económico y de lucha antiterrorista, y que se estaba preparando un golpe desde los partidos parlamentarios contra el presidente.
Claro que es absurdo pensar que los que le permitieron a Fujimori gobernar con decretos, hasta que éste rebasó la medida convirtiendo cualquier cosa en “urgencia”; los que le dieron facultades para legislar (el Ejecutivo emitió 117 decretos legislativos, entre ellos los de privatización y lucha antiterrorista) y solo centraron su atención crítica en los que iban creando el monstruo del SIN; y que los que estaban altamente fraccionados entre derecha (Fredemo), APRA e izquierda, pudieran ponerse de acuerdo para enfrentar al presidente, cuando la mayoría de ellos apoyaba la línea de sus políticas y otros ya estaban canjeando impunidad por su paquete de votos.
La “solución” a la hiperinflación con un remedio de palo (fujishock) no requirió de un golpe, así como tampoco se necesitó para endurecer la penas por terrorismo como había venido haciéndose desde que empezó el conflicto y se hace hasta ahora con cualquier pretexto.
Lo que quería el golpe no eran condiciones para dar leyes, sino manos libres para hacer con la legalidad lo que el gobierno viera por conveniente. El signo del golpe fue crear al paso una legalidad sustituta y, desde esa perspectiva, más bien política, lo que pasó ahí fue la reversión definitiva del marco nacionalista y social del velasquismo para construir el orden neoliberal y autoritario en el que hoy nos desenvolvemos.
El principal mensaje que trajo el 5 de abril es que artículos como el 307 de la Constitución de 1979, que declaraban nulos los actos de los golpistas, no sirven para nada si los que toman el poder se afianzan en él. Por eso las leyes golpistas (700 decretos leyes dictados por el Consejo de Ministros en el 92), el llamado documento de 1993 y las leyes derivadas, los contratos, la entidades creadas por la dictadura, todo ha quedado en pie.
Y se sigue discutiendo sobre lo bueno y lo malo de Fujimori, que es igual a plantearse qué tan necesario y positivo fue el golpe y en qué condiciones se podría volver a repetir, como hace El Comercio el último domingo.
Finalmente se condena a la lírica el dicho que afirma que la peor democracia es superior a la mejor dictadura (Con información del diario La Primera).