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Miércoles 11 de abril 2012

Lote 88

Por: Alejandro Tudela Chopitea.
Lote 88
Foto: iadb.org

Hacía tiempo que un acto gubernamental como el que motiva estas líneas, no desataba tan dispares reacciones. Del lado del oficialismo y ad láteres, la modificación del contrato de licencia del lote petrolífero Nº 88 recibe calificativos tales como hito histórico, recuperación que levanta la soberanía y la dignidad nacional o de puerta abierta al desarrollo y al futuro; poco menos y estamos frente a otro día de la dignidad nacional como el montado por la dictadura militar velasquista con “La Brea y Pariñas” (esperamos que no termine como ésta). Para la oposición y otras voces, en cambio, tal vez la mejor frase sea “ni se perdió nada, ni se está recuperando nada”; es decir, lo del lote de marras se trataría de algo simbólico, sea porque su yacimiento aun no se ha explotado y las reservas gasíferas se mantienen intactas o porque sus recursos siempre se habrían destinado al mercado interno. Como siempre, la verdad se encuentra en el justo medio aristotélico, cada vez más difícil de reconocer o aceptar en este país.

Más allá de la euforia oficialista o de las refutaciones del sector contrario, la respuesta la hallamos en el recientemente publicado Decreto Supremo Nº 008-2012-EM que es la madre del cordero (lo demás es lo de menos).

En cristiano, la norma de marras establece que como consecuencia “de las gestiones realizadas por el Estado peruano con las empresas integrantes del contratista del Lote 88”, éste ha accedido a sustituir “el compromiso de reserva” para la exportación del lote citado pactado contractualmente “por un volumen igual procedente de otros lotes u otros mecanismos que se acuerden entre las partes” y, consiguientemente, la producción total del Lote 88 se destinará exclusivamente para el abastecimiento del mercado nacional, encargándose a PERUPETRO S.A. la renegociación del contrato con este objeto. En otras palabras, se trata de un “trueque” que resultará beneficioso económica y socialmente para el país en la medida que las negociaciones entre el Estado y el contratista garanticen los intereses nacionales.

A simple vista, y en línea con el mega proyecto del gasoducto y el polo petroquímico del sur, así como con la política de masificación del consumo de gas natural, lo logrado hasta aquí resulta positivo. Ahora, parafraseando el editorial de EXPRESO, toca que la negociación que siga cautele los mejores intereses de la nación. ¡Amén! (Con información del diario Expreso).   

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